Según los datos más recientes, Guatemala apenas tiene un 40% de población con una primera dosis de vacuna; 30% cuenta con dos dosis y solo 4% ha logrado ya una tercera dosis contra la covid-19, siendo la mayoría personas del departamento de Guatemala. Estas cifras nos colocan a la zaga en Centroamérica: Nuestro Mundo en Cifras —Our World in Data— muestra a Costa Rica encabezando, siendo que ya logró el mínimo de 70% de su población con esquema completo de vacunación; seguido de El Salvador, con 64%; y Panamá, con 57%. Belice ya alcanzó el 50%, que es el promedio global a la fecha. El caso de Costa Rica no sorprende, siendo que es un país cuyo sistema público de salud, aunque se ha debilitado en las últimas décadas, todavía tiene una muy buena capacidad de respuesta y un despliegue territorial de su institucionalidad todavía competente y más equitativo que reduce las desigualdades en el esfuerzo vacunal y, por consiguiente, les permite avanzar más aceleradamente en esta compleja tarea. El Salvador, por otra parte, desarrolló su sistema público de salud de manera notable durante la década previa, contando así con una mejor base de institucionalidad que, sumada al despliegue gerencial del actual gobierno, le ha catapultado el avance de la vacunación. A pesar de ello, aún no ha logrado la cobertura mínima necesaria.

Mientras tanto, los países más rezagados de la región: Nicaragua (47%), Honduras (44%) y Guatemala (30%) tienen en común que han invertido todo el esfuerzo estatal y de su élite en consolidar su conversión a oligo-narco-cleptodictaduras con fachada democrática, hecho que cambia por completo las claves de qué es lo prioritario a alcanzar en estas sociedades con la acción del Estado. Como resultado, la preocupación por la salud y el avance de la vacunación no existe u ocupa un lugar minorizado en la agenda. A pesar de este hecho en común, hay diferencias entre lo logrado por estos tres países: En Nicaragua, la vacunación avanza mejor porque todavía cuentan con el Silais, que es la red nacional del sistema público de salud, en lo que nosotros llamaríamos primer y segundo nivel de atención (puestos y centros de salud). Este fue forjado durante la Revolución Sandinista y basado en el enfoque de Atención Primaria en Salud, y tiene capacidad institucional para llevar la vacunación a la gente. Me llama especialmente la atención el caso de Honduras, que, a pesar de la debilidad crónica de la red pública de servicios de salud y los gigantescos atracos a su Instituto de Seguro Social, también ha logrado mucho mejor tasa de vacunación que Guatemala.

En suma, Guatemala encabeza el deshonroso posicionamiento de tener los niveles de vacunación más bajos de la región. De nada le sirven las ínfulas de Capitanía General que aún guardan sus élites para que les dé un poco de vergüenza la situación y enmendarla. Realmente, poco se puede esperar de un sistema público de salud deteriorado, llevado a extremos de mediocridad política y técnica que desafían todo lo visto con anterioridad, y capturado para los negocios oscuros, como ha sido la compra y la entrega de la vacuna Sputnik. Así, a la corrupción se suma la debilidad institucional estructural del MSPAS, que solo se ha visto agravada y acrecentada durante la pandemia, y el marcaje histórico que le imprime la desigualdad que domina toda la dinámica de la sociedad y que la propia institucionalidad pública ha reproducido nuevamente con su plan de vacunación urbano-céntrico y capitalino-céntrico. Estos son tres potenciales factores explicativos —por el lado de la oferta vacunal— del gigantesco rezago que estamos viviendo con el avance de la vacunación contra la covid-19 en el país.