El empecinamiento de un grupo mayoritario de diputados y la obstinación de Mynor Moto de tomar posesión de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) que quedó vacante tras el fallecimiento de Bonerge Mejía, a pesar de las numerosas impugnaciones que no han sido resueltas, nos habla de los poderosos y oscuros intereses que se mueven para lograr el control de la CC.

Lo vimos con el uso de un avión privado para desplazarse a los departamentos, con el reparto de toda clase de regalos e incentivos, y con la inaudita manipulación sobre decenas de egresados de la carrera de Derecho para intercambiar títulos por votos. Su oponente, Estuardo Gálvez Barrios, tampoco se quedó atrás, aunque con formas menos grotescas que las de Moto. Tan graves son los señalamientos contra ambos, que a la vigilante Consuelo Porras no le quedó otra que objetar su participación como candidatos a una magistratura, por su falta de idoneidad. A Gálvez, el MP lo investiga por al menos cinco casos de corrupción durante su rectorado que incluyen sobrevaloración de obras, compra millonaria de un terreno para edificar un Centro Universitario, cuando el mismo no es apto para construir, y el pago de trabajos inconclusos que se cancelaron completos. Además, al exrector se le señala por sus vínculos con Gustavo Alejos, quien desde la cárcel construyó una red para influir indebidamente en la elección de la CSJ y cortes de apelaciones.

Moto, como juez de instancia penal, tiene una larga lista de resoluciones que han favorecido a personas acusadas de corrupción. Se negó a dictar una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, dueño de las maletas llenas de dólares producto del enriquecimiento ilícito en la construcción del fallido Libramiento de Chimaltenango. Salvó a la exjueza Marta Sierra de Stalling de la persecución penal cuando clausuró el caso Bufete de la Impunidad; y a los diputados Felipe Alejos y Orlando Blanco, entre otras lindezas. Hay que tener cuero de danta, deber demasiados favores, haber perdido la vergüenza o nunca haberla conocido, para sentarse tres días seguidos en la sala de espera del tribunal constitucional pidiendo que le den posesión, teniendo semejante cola que le machuquen. Pero lo que está sucediendo alrededor de Gálvez, Moto y sus redes de tráfico de influencias por una magistratura que termina en abril, es solamente una pequeña muestra de lo que el Pacto de Corruptos está dispuesto a hacer con tal de garantizarse el control de la CC por el próximo periodo. La razón es muy sencilla, quieren una Corte Cooptada que dicte resoluciones a la medida de sus intereses y del tamaño de su impunidad. Pero las consecuencias de la cooptación del tribunal constitucional no son una cuestión que solo competa al gremio de abogados. Es imperativo comprender que el resultado de esta elección nos afecta de forma determinante a todas y todos. Una CC integrada por magistrados vinculados a los grupos de poder fáctico —tradicional y emergente— y a redes del crimen organizado es una grave amenaza. Sus resoluciones afectarán relaciones económicas, laborales, familiares y comunitarias. De sus fallos dependerá la seguridad, el combate al hambre, la protección de los recursos naturales y la defensa —o no— de derechos básicos como la salud y la educación, la libertad de asociación y de expresión.

Una Corte Cooptada implica más pobreza, más desnutrición infantil, más corrupción, más violencia y narcotráfico, menos protección ante violaciones de derechos y más criminalización. En definitiva, la CC —también— cooptada resultará en una democracia —aún más— capturada.

Pd. Terminando de escribir esta columna se hizo pública la orden de captura contra Moto por obstrucción de la justicia. Así operan los jueces de la impunidad.