Conforme avanzan las semanas, el deterioro democrático del país se profundiza. En los últimos días hemos visto arreciar los ataques desde distintos frentes en contra de jueces, juezas y fiscales independientes que conocen casos de gran corrupción.
Hay una estrategia bien definida y coordinada desde los ámbitos jurídico, político y de opinión pública que busca neutralizar a quienes aún representan un obstáculo para la alianza proimpunidad. Tampoco ha cesado el acoso en contra de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ni del procurador de los Derechos Humanos.

Por eso proliferan las demandas penales y las solicitudes de retiro de antejuicio que encuentran eco en la mayoría de integrantes del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General del Ministerio Público (MP), que volvió a engrosar las filas del bloque de la regresión-restauración.
El blanco al que apuntan con artillería pesada es la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP, cuyos fiscales siguen adelante con las investigaciones y procesos judiciales que involucran a integrantes de las redes políticas y económicas ilícitas responsables de la captura y cooptación del Estado.

En apenas dos semanas, desde el despacho de la fiscal general, se ordenó retirar de la Feci una parte del caso La Línea, la investigación emblemática a partir de la cual dio inicio la lucha contra la corrupción y la impunidad. También se le quitó el expediente de un caso relacionado con la secretaria General de la Presidencia, en el cual los fiscales habían sugerido al Despacho Superior tramitar el retiro de la inmunidad de la funcionaria para poder realizar una investigación. Además se conoció la sanción contra algunos de los integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP que cerraron un caso contra personal de la Feci por no encontrar indicio de faltas o delitos.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, los procesos disciplinarios y las acciones penales sin fundamento contra fiscales, jueces, juezas y magistrados van acompañados de campañas de desprestigio y acoso en las redes sociales que no son casuales, sino forman parte de un plan bien orquestado para aumentar la polarización, generar confusión y restar respaldo social al poner en entredicho su credibilidad e independencia.

Por si lo anterior fuera poco, las y los periodistas que fiscalizan el poder están también bajo fuego cruzado. Todos los días se registran ataques frontales contra la libertad de expresión, se profundiza la táctica del ahogo financiero y el boicot económico para generar censura y autocensura y hay una enorme limitación para acceder a las fuentes de información. A eso hay que agregarle las demandas penales y las detenciones ilegales de colegas que investigan y develan redes de corrupción y tráfico de influencias a nivel nacional y local en medios digitales y comunitarios.

La reciente captura por los delitos de sedición y atentado con agravaciones específicas de la periodista Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, quien ha denunciado anomalías en la municipalidad de Joyabaj, Quiché; y las agresiones físicas que sufrieron las comunicadoras Andrea, Lucía y Gabriela Ixchíu y Carlos Cano en el bosque comunitario de Totonicapán por taladores ilegales, mientras realizaban registros audiovisuales, muestran la escalada de criminalización y ataques contra el periodismo independiente.

La regresión está instalada y con ella el debilitamiento profundo de nuestra endeble institucionalidad. Si al telón de fondo de la desigualdad y al racismo estructural le agregamos la cooptación del Estado, la captura del sistema de justicia y el ataque sostenido al periodismo crítico e independiente, ¿qué nos queda de la democracia?