Marzo: una orden de captura fue emitida por el cuestionado juez Víctor Cruz contra la exfiscal Thelma Aldana, hecho que —por sus características— generó la percepción de un proceso malicioso. El Ministerio Público no pidió la captura y Cruz cuenta hoy con un vehículo blindado, proporcionado por la SAAS, además de estar protegido por dos agentes asignados por el Ministerio de Gobernación. Esta medida contraviene el mandato de la SAAS y lo establecido en materia de seguridad a jueces.

Abril: el excandidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, vinculado con narcoestructuras de considerable tamaño, con operadores en el Congreso y otras instancias de los distintos poderes del Estado guatemalteco a lo largo de cuatro gobiernos, está hoy en manos de la justicia estadounidense. Cercano a la Reina del Sur y a otros carteles como el de Sinaloa, también tiene cercanías de larga data con varios candidatas y candidatos de diversos partidos en campaña.

Mayo: el caso “Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado (el mecanismo de la compra de votos)”, desnuda un sistema de corrupción que toca al capital tradicional (en este caso la empresa Tigo) y al Congreso de la República, con el fin de que ciertas leyes sean aprobadas “a dedo” dentro de ese organismo.

Cada diputado (llamado “jefe de línea” o “brocha”) recibió bimensualmente Q50 mil que supuestamente llegaban a la vicepresidencia en tiempos del Partido Patriota. Apellidos como Galdámez (diputado y ahora candidato por el partido oficial); Valladares (ministro de Economía); Porras, España, Quej, Medrano y Orozco (diputados); y Figueroa (diputada), comenzaron a sonar. Con ello se vulneraron la separación de poderes, el principio de igualdad ante la ley, y se hizo más real la captura del Estado.

En medio de todo esto, dos distractores surgieron alrededor de temas fundamentales para abordar como sociedad, pero que la clase política usa coyunturalmente a conveniencia, restándoles la importancia que merecen: 1.) la posible aprobación de la iniciativa de la #5272 y 2.) la muerte de 8 privados de libertad en Pavoncito.

En cuanto al primer tema, iniciativa “Para la protección de la vida y la familia”, ¿quién no quisiera que la vida y la familia estuvieran protegidas en uno de los países más violentos, desiguales y empobrecidos del mundo, donde la gran sombra de la irresponsabilidad paterna se combina con un altísimo número de embarazos en niñas y adolescentes y se suma al abandono del Estado hacia las familias y, particularmente, hacia la niñez? El problema es que esta iniciativa no solo iría en contra de nuestra Constitución Política, sino que criminalizaría a las mujeres en casos de abortos espontáneos, desconocería la diversidad LGBTI de Guatemala y vulneraría el derecho a la libre expresión, dando así marcha atrás a los magros avances alcanzados. Lo sucedido en Pavoncito, por su parte, pone en evidencia las enormes falencias de un sistema penitenciario también fagocitado por la corrupción y cooptado por estructuras paralelas que sirven al crimen organizado. Son ambos temas muy serios, pero siempre sirven de caballitos de batalla.

Guatemala es una novela que se cuenta en capítulos, mala para quien la vive, buena para aquellos ávidos de vender y comprar la adrenalina producto del crimen, el sicariato, las oscuras transacciones, las escenas románticas baratas, las narcohistorias, la corrupción entre la clase política y sus amos, y el Estado secuestrado. En cuatro años pasamos del destape del caso La Línea al caso Tigo, sin paradas intermedias. Este “país” agota.

Y así llegamos a una campaña electoral viciada, llena de ilegalidades, procesos maliciosos, financiamientos del capital narco y del capital tradicional corrupto. Quizás Netflix quiera producir una serie alrededor de este novelón y usar de fondo la música de los niños cantores de Guatemala (Marllory Chacón Rossell, Mario Estrada et al).