Este año es trascendental para Guatemala en cuanto a las elecciones de puestos cruciales en la administración pública. A través de las comisiones de postulación debe elegirse a los funcionarios que dirigirán el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos. Eso implica que quienes integran las postuladoras se convierten de alguna manera en importantes operadores con poder político para nombrar personas que ocuparán puestos clave en el Gobierno. Se supone que este debería ser el primer filtro para no permitir que se cuelen “delincuentes” en un proceso tan delicado.

El artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación menciona que para que se incluya un profesional en la nómina respectiva, además de poseer calidad académica, profesional y de proyección humana, es necesario considerar también el aspecto ético, donde se especifica claramente el término a lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas.

Es obvio que las mafias enquistadas en el Estado han tratado de corromper a algunos postuladores para seguir garantizándose la impunidad y la corrupción. En este sentido, estamos estancados en un sistema que provoca que las instituciones más importantes no funcionen adecuadamente, sean inútiles y vulnerables ante cualquier ataque a su independencia e imparcialidad. La calificación de los expedientes debería ser una labor exhaustiva en la cual, además de chequear un denso fólder con fotocopias —muchas de ellas credenciales falsas— de una manera mecánica y burocrática, fuera un proceso analítico y más enfocado en la ética.

Es vital que se garantice que este equipo de postuladores realice un trabajo a conciencia, garantizando que las personas electas sean de comprobada honorabilidad. En este proceso debería incluirse también visitar la residencia de los aspirantes, hablar con su familia, pedir estados patrimoniales, cuentas de bancos, por ejemplo. No digamos abrir un espacio para que cualquier persona, incluso anónimamente, que tenga una objeción pueda denunciar algún delito o situación que denote falta de moral y ética, siempre sujeto a la verificación de la acusación.

Es importante mencionar que muchas personas temen hacer estas denuncias por temor a represalias, por lo que deben dar apertura y confianza para abrir ese espacio. Como buitres tras uno de estos jugosos puestos, andan circulando personas corruptas que han tratado de colarse en este sistema desde hace más de diez años, los rechazan y vuelven a intentarlo. Deberían prohibirles participar de nuevo, ya que existen profesionales frescos y capaces en los que deberían enfocarse y no en dinosaurios que le hacen daño al proceso.

Este sistema está comprobado que no funciona, pues se presta al tráfico de influencias para colar a toda costa a determinados aspirantes. La manera de optar a puestos de este nivel debería ser a través de un concurso por oposición, dirigido ya no por comisiones de postulación. Los candidatos “deben ser” profesionales independientes, y no personas que cuando llegan al puesto tienen que pagar favores a personajes oscuros del país.

Existen muchos nombres en la lista de aspirantes que sonarán en estas tres elecciones y la mayoría representa a los que manejan el capital de poder en el país. Hay abogados y auditores que llegarán por apoyar a un sector que pacta su subsistencia. Y es que todos estos nombramientos son percibidos desde su concepción como un botín, sinónimo de tráfico de influencias y pago de favores, para mantener un oscuro poder sustentado por las fuerzas de la impunidad.