No debe extrañar todo el ruido que las comisiones de Postulación están causando con el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación. En los EE. UU., por ejemplo, los conservadores y los demócratas siempre han luchado por obtener el dominio de la Corte Suprema de Justicia. Es natural; quieren interpretar la Constitución para que sus fallos favorezcan los principios y valores de sus agendas, conservadora o liberal (liberal, en su acepción ideológica de estado de bienestar, igualdad, progresismo, etc). Cada uno de los presidentes de turno estadounidenses eligió a alguien afín —republicano o demócrata—; de esa cuenta es que el presidente Biden ahora propone a un magistrado afín.

Siguiendo esta lógica, es natural que en toda elección que implique poder y decisión sobre asuntos de trascendencia política, especialmente en las altas cortes, fiscalías y derechos humanos, se abran debates políticos tratando de desacreditar o exaltar a los candidatos de uno u otro bando. Es el juego político.

Guatemala tuvo una Corte de Constitucionalidad por más de cinco años, dominada por su tendencia ideológica. Impuso su agenda, dictaminó en forma selectiva, impidió que una candidata llegara a la presidencia, casi bota al anterior presidente, le arrebató a un fiscal electo tomar posesión, sustituyéndolo por una fiscal afín, y postergó decisiones sobre casos que dejaron muy mal parado al país ante los financistas internacionales.

Como es lógico, ese sector trató de impedir hasta donde pudo la elección de la actual Corte de Constitucionalidad, a sabiendas de que el horizonte venía cargado de una agenda política trascendente, relacionada con la elección del fiscal general de la Nación, procurador de Derechos Humanos, juicios a militares y otros casos de importancia.

En ese vaivén político se gesta ahora una serie de movimientos o estrategias para tratar de controlar a las comisiones de Postulación, ya de por sí limitadas por legados indeseables, como el voto secreto o el escrutinio público espurio. Algo que no llama a la transparencia porque se presta para la presión y la descalificación.

Siempre a última hora, cuando ya están encima las elecciones, comienza el mismo jueguito politiquero de presionar a las comisiones de Postulación. Lanzan críticas por doquier, pero una vez finalizadas las elecciones desaparecen, para volver a aparecer a los cuatro años. Si en verdad quisieran cambiar el proceso, reunirse al día siguiente de las mismas para trabajar en una propuesta debería ser la prioridad.

Hay tres elementos determinantes para transparentar las comisiones de Postulación:

1. Voto secreto. Actualmente los decanos deben “pronunciarse” y explicar su voto. Esto automáticamente los hace vulnerables a críticas, presiones, amenazas y hasta posibles querellas judiciales. Se presta para la “compra de favores” porque se puede comprobar “si votaste por el que quiero”… El voto secreto blinda a los comisionados de estas presiones espurias;

2. Método de calificación: Si las propias normativas obligan a seguir un procedimiento de cualificación, entonces los seis candidatos que obtuvieron mayor puntaje deberían ser seleccionados. ¿Cómo puede ser que un candidato que tiene 36 puntos sea escogido sobre otro que tiene 100?;

3. Libertad de los comisionados: El ambiente de trabajo de los comisionados debe garantizarles un espacio libre para analizar, estudiar y evaluar los expedientes, sin tener la presión mediática y de las organizaciones de derechos humanos respirándoles en el cuello. No es correcto que los observadores lleven lentes de telefotos hasta para poder leer los labios, notas y toda expresión o movimiento que haga cada comisionado.

¡Transparencia y sentido común, señores!