Si uno se cuestiona qué representan y a quién representan los integrantes de la turba que el martes intentó derribar la estatua de Cristóbal Colón y vandalizó la de José María Reyna Barrios, la respuesta está, me parece, bien clara. Representan la negación de lo racional y lo razonable en la vida pública y representan a quienes han hecho el cálculo de que, entre sus seguidores, ganan más fuerza recurriendo a la destrucción vandálica que por los cauces de la lucha cívica, política o social, pero pacífica.

Creo que, en parte, es por eso que las autoridades nacionales y municipales decidieron no intervenir —si bien es cierto que el alcalde Quiñónez tuvo la gallardía de dar la cara—; es decir, porque calcularon que la actuación irracional e irrazonable de esos manifestantes sería condenada por todos quienes no pertenecen al grupo de seguidores de los manifestantes violentos. Pareciera que han estimado que tenían menos que perder soportando la crítica de la generalidad ciudadana por haber permitido que se destruyera parte del patrimonio histórico cultural de Guatemala que de haber recurrido al uso de la fuerza pública para mantener el orden público y proteger dicho patrimonio.

En otras palabras, tal parece que las autoridades han estimado que la indignación ciudadana contra esas muestras de irracionalidad lacerante pesaría más que la indignación originada por su inacción —inacción de otro modo incomprensible—.

Por consiguiente, si efectivamente los organizadores de esa turba acertaron a que su conducta irracional e irrazonable les ha ganado mayor respaldo de sus seguidores y si las autoridades del Estado y del municipio han acertado al apostar que la indignación por aquella conducta sería mayor que por su inacción e indiferencia ante los hechos vandálicos cuando estos se desarrollaban, entonces, la población de Guatemala que vive en la legalidad y respetando el orden público se enfrenta ante una situación gravísima.

En efecto, los organizadores de la misma horda u otras que representen la irracionalidad en la vida pública (calculando que así logran mayor respaldo de sus seguidores) han comprobado que, enfrentadas al dilema de actuar y asumir el coste político de hacer valer la Ley del orden público, las autoridades estatales y ediles apuestan, más bien, a que los ciudadanos se indignen más contra los irracionales que contra las autoridades que les dejan actuar a sus anchas.

Por supuesto que soy consciente de que, en estas circunstancias, las autoridades rara vez son objeto de críticas objetivas. Casi cualquier tipo de acción por su parte se tilda automáticamente de represiva, desproporcionada, antidemocrática, intimidatoria y contraria al derecho fundamental de manifestación pública. Y es verdad que, en algunas ocasiones, los elementos de seguridad del Estado rebasan los límites de lo razonable. Y no solamente aquí, sino hasta en las democracias más robustas del mundo, pero los prejuicios en contra de los gobiernos conservadores de Iberoamérica son una realidad palpable. ¿Se los han ganado? Juzgue usted, apreciado lector.

Para repetir una trillada reflexión en este tipo de situaciones, los grandes perdedores han sido esas y esos ciudadanos que, en un marco de cosas sumamente difícil, procuran vivir dentro de los límites de una legalidad frágil y vulnerable. No tienen la culpa de que los radicales pretendan erigirse en jueces de la historia ni de que sus autoridades se consideren deslegitimadas para garantizar sus derechos y el orden público o de que prefieran no asumir el coste político de actuar.