El exguerrillero y senador Gustavo Petro salió electo presidente de Colombia, en parte por su discurso anticorrupción. Prometió denunciar y encarcelar a los narcotraficantes y empresarios mafiosos. Los votantes, principalmente los jóvenes, le creyeron, a pesar de que fue destituido como alcalde de Bogotá por cometer actos ilegales y hasta existen libros e investigaciones vinculándolo a actos de corrupción.

Ojo, jóvenes, no se engañen: los gobernantes pueden ser más corruptos conforme amasan más poder. Las plataformas izquierdistas y castro-chavistas explícitamente buscan eliminar pesos y contrapesos fiscalizadores y centralizar el poder político y económico en la clase política.

Los demagogos culpan a los empresarios de la corrupción. Dejan de mencionar su papel en la podredumbre de las instituciones sociales y políticas. Por décadas, los economistas nos han hablado de la búsqueda de rentas: la actividad emprendida por grupos de interés e industrias para conseguir prebendas. Efectivamente, invertir tiempo y recursos en buscar privilegios artificiales es empobrecedor. Sin embargo, la demanda de favores se empata con una oferta, una venta de rentas, que es el verdadero origen del mal, nos recuerda el autor y profesor Richard M. Salsman. “Solo los Estados tienen el poder para crear favores, castigos y cronismos políticos,” escribe Salsman. El llamado mercantilismo o capitalismo cronista no es realmente capitalismo: es un sistema híbrido, intervencionista, en el cual la clase política decide quiénes serán los perjudicados y los beneficiados.

Existe un patrón evidenciado por datos reales: la corrupción política aumenta conforme las economías se vuelven menos libres y se erosiona o rechaza la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de los derechos de propiedad privada y la sacralidad de los contratos.

Los políticos, los formuladores de políticas públicas y los burócratas venden rentas artificiales al dispensar favores mediante regulaciones, subsidios y leyes fiscales. Usan las crisis, como la provocada por la pandemia del covid-19, de excusa para suspender las garantías ciudadanas y gobernar por decreto, de forma arbitraria. Los vendedores de rentas convierten al gobierno en un sistema injusto porque tratan a los ciudadanos de forma desigual y discriminatoria.

Salsman comparó los índices de libertad económica de Heritage Foundation con los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y el producto interno bruto per cápita de 181 países. Los países más socialistas y reprimidos tienen ingresos per cápita bajos y elevados niveles de corrupción. El autor sostiene que estas coincidencias se dan porque en aquellos países en los que reinan ideologías antimercado y los mercados están profusamente intervenidos, se va extendiendo la corrupción y ello hace que sus ciudadanos sean más pobres.

Los actores políticos atraen la atención de cabildeadores y personas interesadas en granjear privilegios, y, a veces, deliberadamente extorsionan a grupos de interés prósperos. Los amenazan con imponerles regulaciones onerosas para obligarlos a negociar y ofrecer contribuciones de campaña u otras transferencias monetarias. Los extractores de rentas suelen adoptar actitudes pro-redistribución y antipropiedad privada. El efecto final es ahuyentar la riqueza, en lugar de inducir su creación.

Debemos clamar por mercados más libres y por establecer límites al poder arbitrario para combatir la corrupción política. Mientras tengamos un sistema híbrido, socialista y represivo, los políticos tendrán incentivos para vender y extraer rentas, así pertenezcan al partido rojo, verde, celeste o amarillo.