Nunca fue desdoro abrir un negocio, por pequeño que sea, después de haber sido enaltecido el emprendimiento por José Milla y Vidaurre, en el siglo XIX. No obstante, la organización de entidades para acaparar la hacienda pública o permitir encubrir movimientos de dineros para pagar piquetes sin convicción de ninguna especie es motivo de repulsa.

A las organizaciones espurias para conseguir contratos de obras públicas o canalizar fondos para sabotaje de empresas se les asimila a los chiringuitos o negocio provisional destinado a la obtención de una ganancia rápida. En México se utiliza otra palabra: changarro. Pero es lo mismo, son tiendas sin mucha instalación. Una venta de tacos, una tortillería, el típico tendejón con venta de artículos de factura familiar o artesanal, la cantina que vende tipaches, etc. El changarro o chiringuito solo necesita abrir la puerta para estar en el negocio.

Para los nuevos chiringuitos es suficiente un nombre llamativo, un logo atractivo y un trifoliar: ya se tiene oenegé. Necesario cuando el compadre es electo alcalde o la familia ha copado los cargos en los consejos de desarrollo, o un ministerio, o está empleado en la Contraloría General de Cuentas. La oenegé construye caminos, puentes, banquetas, pinta palacios, hasta el nacional, introduce agua potable, contrata servicios, reparte dinero a los piquetes, etc.

Conocido es el caso de Chinautla, donde una familia había tejido una serie de oenegés para acaparar los ingresos municipales. La voracidad la llevó a extender sus servicios a las municipalidades del departamento de Guatemala, donde comenzó a monopolizar las concesiones de servicios públicos. En la actualidad se acepta que toda oenegé o cualquier tipo de organización, cuando ejecuta fondos públicos sea motivo de fiscalización por la Contraloría General de Cuentas. Si bien no se puede evitar el favoritismo en un solo contrato, cuando se observa una trama es fácil seguir la malversación de fondos públicos.

Para quienes gustan de la intromisión extranjera, el representante Mark Amodei, republicano, ha denunciado como sabotaje pagado por competidores la paralización de la mina San Rafael, donde involucra a religiosos, oenegés y a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La inversión de US$1.7 mil millones está arruinada. Una decisión internacional resolverá si el país habrá de pagar una compensación a los inversores de buena fe. En los países de Europa, incluidas Rusia y Turquía, se impone obligación de registro cuando se representan intereses extranjeros. Cuando se denuncian acciones de sabotaje se puede perseguir a los patrocinadores extranjeros penalmente.

En el país, en lugar de actualizar el Código Penal y mejorar el control de la acción criminal extranjera se prohíbe, en los hechos, a las organizaciones internacionales filantrópicas. Se desea imponer cargas burocráticas, pero no se deja de limosnear en embajadas y en el extranjero.

Los chiringuitos se alborotan, los progres apoyan la preocupación internacional, la burocracia se frota las manos, pues engordará todavía más. A un congreso extraviado corresponde una Corte de Constitucionalidad acostumbrada al prevaricato, pues continúa con sus torpes decisiones. Dónde se habrá visto, un amparo contra una ley vigente. Y aún así existen propuestas de convertir en vitalicios a los magistrados. ¡A sufrir!