Ya casi pasa una década desde aquella sentencia constitucional. Nunca Guatemala habilitó en el exterior acceso pleno al nuevo registro civil.

Recuerdo bien un duchazo que me eché en el lejano 2009, en el lejano Georgetown, en Delaware, cuando todavía usaba como huracán mi energía para ejercer la práctica de abogado. Era enero. Era temporada en Guatemala para inscribir patojos en el ciclo escolar. Estaba a media gira larga de trabajo por allá y recién esa mañana había recibido una llamada desde casa. Me advertían de que el colegio exigía a cada uno de mis hijos un certificado de nacimiento ya extendido por el aún nuevo Renap. Fue ahí, con el agua cayéndome encima, y con esa necesidad propia, que repentinamente caí en cuenta: ¿Cómo habrían de obtener sus nuevos certificados los miles de paisanos que vivían en Georgetown, si ni siquiera sabían que existía la nueva burocracia? ¿Y los de Delaware? ¿Y los de todo Estados Unidos?

Fácil puede sonar hoy hablar de obtener un certificado de nacimiento. Pero en aquel entonces podía significar todo un calvario, incluso para quienes radicaban dentro del territorio nacional. Y es que, tras siglos de llevar registros civiles anotados en libros de papel, se emprendía una colosal tarea de transcribir todos los actos civiles (presentes y pasados) a un sistema digital. Esto, genuinamente, significaba cientos de millones de anotaciones. Aun cuando la información antigua estuvo bien documentada, hubo probabilidades de que al transcribirla ocurriera un error. Y ni hablar de la gente cuyos registros originales de papel fueron destruidos por tantas circunstancias, desde la simple humedad hasta casos de grave destrucción de archivos completos, ocurridos durante el conflicto armado.

Los problemas para obtener certificados (y además obtenerlos con la información correcta) nutrieron las notarías de los colegas. De pronto, una evolución legal generó un abrupto crecimiento de lo que en Derecho llamamos Jurisdicción Voluntaria. Miles necesitaron procesos como reposiciones y rectificaciones de partidas; inscripciones extemporáneas para quienes perdieron en definitiva su inscripción original; y cambios de nombres, entre otros. El sistema se atoró. Renap era señalado, y las capacidades de la PGN, actor legal en el proceso, fueron insuficientes. Este fue el cuadro a nivel nacional. El caso en el exterior aún peor, pues jamás se instalaron oficinas del Registro en los consulados que tuvieran la capacidad de atender este tipo de quejas. Al final, más de dos millones fueron afectados.

Esta semana recibí un llamado de una antigua clienta que vive en el área de Los Ángeles. A ella y a su hermana, en 2013, les gestioné procesos para reponer sus partidas, pues su registro en San Miguel Acatán fue destruido durante el conflicto armado. Sin embargo, un hermano quedó fuera, me comentó, y ahora solicitan un proceso similar. Tras ocho años de no practicar el Derecho, decidí ayudarlos. Para ello visité el Renap y me enteré de que las formas existentes en aquel entonces ya no están vigentes. Y que el proceso ahora será más complicado. Me hizo preguntarme: ¿Cuántos guatemaltecos en el exterior aún no tienen acceso a su registro civil? ¿Cuántos están en estado de apatridia? En 2014 mis registros indicaban que de cada cien que solicitaron un certificado, 28 tuvieron problemas fatales.
Trece años pasaron y el Estado no actuó. Ningunearon el problema y, paralelamente, emergieron oficinas de corruptos cerca de los consulados. ¿Casualidad?