Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que pusieron fin a las aspiraciones presidenciales de Zury Ríos, del partido Valor; Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, y otros candidatos comienzan a despejar un proceso electoral que se ha desarrollado con mucha incertidumbre y que no augura una alta participación ciudadana para los comicios que se celebrarán en apenas 30 días. Aun cuando los fallos de la corte deben acatarse, es indudable que han significado un duro golpe a un alto porcentaje de votantes que ahora deberán migrar hacia otras opciones, votar nulo o abstenerse. El problema es la ausencia de programas políticos definidos y la presencia de candidatos que quizá sean conocidos por sus familiares y amigos, pero no cuentan con base popular. A ello se agrega la sombra del narcotráfico que ronda en el ambiente y que tuvo su mayor impacto con la captura en EE. UU. del presidenciable Mario Estrada.

A principios de mayo, la firma Cid-Gallup presentó su encuesta en la cual Sandra Torres contaba con 21% de preferencias electorales a nivel nacional y le seguían Ríos, con 15%; Aldana, 9%; Alejandro Giammattei, 8%; Roberto Arzú, 7%; y Edmond Mulet, 6,%. En el pelotón de persecución se encontraban Mario Estrada, con 4%; Edwin Escobar, 2%; y Mario Radford, 1%. La encuestadora también presentó un escenario donde ya no participaban Ríos ni Aldana, lo cual permitía el ascenso de Giammattei, con 12%; Arzú, 9%; Mulet, 8%; y Telma Cabrera, 3%. Si se toma como referencia ese sondeo de opinión, se observa que con la salida de candidatos en contienda, prácticamente un 31% de posibles sufragantes se quedaría sin opción porque a los 24% que suman Ríos y Aldana se agregarían el 4% de Estrada, el 2% de Escobar y el 1% de Radford. Sin embargo, es de subrayar que ese estudio de opinión se efectuó entre el 5 y el 11 de abril, o sea, hace más de un mes, por lo que no refleja la actual coyuntura.

A primera vista se podría decir que la más beneficiada con la reconfiguración electoral sería Torres, pero contar con 21% de preferencias indica que tampoco tiene un liderazgo sólido en esta carrera electoral y deja ver en el horizonte una segunda vuelta. Cid-Gallup también muestra que la presidenciable de la UNE tiene un 39% de antivoto. Esa medición se efectuó antes de que se conociera que Torres había utilizado la Ley de Femicidio para bloquear a los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González, que solicitaban el retiro de la inmunidad de la candidata para investigarla, y de la mordaza que impuso contra varios editores de diario elPeriódico. Esos hechos causaron impacto mediático y probablemente hayan acrecentado el nivel de antivoto contra esta aspirante presidencial. En cuanto a la ubicación de los presidenciables en función de preferencia, no se puede considerar que asciendan en forma mecánica y ocupen el lugar de quienes ya no participarán en la contienda. La opinión de los votantes es impredecible y puede haber cambios sustanciales en las próximas encuestas.

Previo a la resolución de la CC que dejó fuera a Aldana, fue notorio el clima enrarecido creado por el gobierno de Jimmy Morales, quien llegó a decir que esperaba que no hubiera una “tragedia judicial”. En la frontera con El Salvador se reforzó el control de agentes especiales de la PNC, que llegaron al extremo de revisar el baúl de los vehículos para evitar un eventual ingreso de Aldana al país. Esa era una clara acción de interferencia en el fallo de la CC, en caso hubiera sido favorable a la candidata de Semilla, como lo fue la serie de obstáculos que esta tuvo en la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a Ríos, se evidenció su rechazo a la resolución de la CC y pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo contradictorio es que esta candidata ofrecía pena de muerte, la cual no es avalada por la CIDH. Cosas veredes.