En algunos países de América Latina, la capacidad institucional es ciertamente débil para reducir la impunidad. Tal es el caso de países como Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, México o Panamá, que están en los últimos lugares de América Latina, según la evaluación que realiza el índice de percepción de corrupción. Existen serios problemas para garantizar un verdadero estado de Derecho, y la capacidad de las instituciones de control, así como de seguridad y justicia, tienen serias dificultades.

En el caso de Guatemala, aun con todas las limitaciones institucionales, se ha logrado reducir de manera acelerada la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, y hoy ya no estamos entre los 10 países más peligrosos de América Latina. Esto, sin duda, es un logro para todas las instituciones del sistema de justicia criminal, que han logrado reducir de 46 homicidios por cada cien mil habitantes que se tenía en el 2009 a 15.3 homicidios por cada cien mil habitantes, que cerró el 2020. Esto ya nos vuelve, en términos relativos, un país más seguro que México, Colombia o Brasil, que tienen tasas más altas. Incluso el municipio de Guatemala, con una tasa de 26.2 homicidios por cada cien mil habitantes, es hoy más seguro que Nuevo Orleans, Detroit o Baltimore.

Esto demuestra claramente que cuando se trabaja de forma conjunta se pueden lograr resultados positivos. Un ejemplo de ello, que a través de la Coalición por la Seguridad Ciudadana se ha venido fortaleciendo, es el flujograma de la justicia criminal. En el 2014, luego del Enade, con el tema Seguridad Ciudadana y Cultura de Convivencia, se instaló la Coalición por la Seguridad Ciudadana, con un convenio firmado entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Público Penal, el Organismo Judicial y la inclusión de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y luego del Instituto de Atención a la Víctima, además de varias alcaldías y organizaciones de la sociedad civil, así como Fundesa y el Cien, que técnicamente coordina la metodología.

El flujograma de la justicia criminal es una herramienta que se utiliza para medir la eficiencia de las instituciones que participan, contando con la colaboración de todas las autoridades y personal técnico del sistema de justicia criminal.

La semana pasada se lanzó el proyecto sobre digitalización del flujograma de justicia criminal, que va a permitir que el sistema se automatice y que, en vez de contar con datos anuales, se tengan datos cada tres meses, para generar un sistema de datos abiertos a disposición de las instituciones y de la sociedad. Esta herramienta permitirá fortalecer la capacidad de todas las instituciones de justicia para reducir la impunidad, y es el primer paso en el camino correcto hacia la digitalización de todo el sistema de justicia en el país.

¿Se imaginan lo que esto puede lograr para reducir la impunidad? Cada vez que se presenta un caso de corrupción en tribunales, son folios y folios en papel los que se llevan, con el claro riesgo de que las pruebas se extraen, porque de manera análoga es más difícil darle seguimiento a la cadena de custodia o porque simplemente se cree que la justicia debe depender de personas, cuando en realidad lo que se necesita son sistemas que ayuden a fortalecer una trazabilidad completa de todo lo que ocurre. Esta iniciativa para reducir la impunidad seguramente va a fortalecer a todo el sistema de justicia en el país.