La discriminación racial es una tara aprendida. El hombre no nace con complejo de superioridad sustentado en el color de la piel. Está asociada a la maldad, contrario a la bondad, ambos atributos inherentes al ser humano; su presencia denota carencia de valores y le hace actuar fuera de un orden ético, haciéndole un ser perverso. La discriminación racial suele estar asociada a la clasificación social (por clase), de donde se deriva la lucha de clases.

Esos rasgos están presentes en un sector dominante de la población que, en nuestro caso, llega a los puestos de poder no para gobernar, generar desarrollo y menos aún para servir, sino para enriquecerse fácilmente.

Con la Constitución Política de 1985 se volvió a la vida democrática y con eso también se democratizó el acceso al poder mediante, ya no de partidos políticos sustentados en ideologías como una vez fue, sino convertidos en vehículos políticos para llegar y, desde el poder, alcanzar el bienestar económico que de otra manera jamás alcanzarían. Es decir, enriquecerse rápidamente esquilmando el erario nacional desde todos los estratos de la administración pública, en un burdo y ordinario acto de maldad.

A lo largo de los últimos 35 años, ese grupo social se conoce como clase política. Algo así como una subespecie del género humano que no califica para la escala zoológica y tampoco se la puede encasillar en la clasificación de los estratos sociales tradicionales: clase alta, media y baja. Están fuera del esquema.

La Constitución Política es el amplio marco legal que define la composición, estructura y orientación del Estado, que el gobierno electo popularmente ha de seguir para alcanzar sus objetivos.

Hasta mediados del siglo XX, los gobiernos militares y civiles se integraron con ciudadanos entre quienes hubo capaces, honorables e íntegros, que con sus luces y sombras forjaron lo que hoy somos como país, hasta que, como resultado de la ambición, se desestimaron las ideologías como parámetro de gobierno, optándose por considerar al Estado como fuente inagotable de enriquecimiento ilícito.

Para lograrlo, la subespecie humana referida tejió redes, infiltrándolas en la estructura estatal, hoy conocidas como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado, que a pesar de los esfuerzos realizados por erradicarlos y logros alcanzados, sabemos cómo y por quién fueron abortados. Así, se regeneraron como cola de lagartija, retomando el control sobre lo que se hace y deja de hacer.

Ahora, en medio de la crisis provocada por el covid-19, vemos cómo con la mejor voluntad se aprobaron multimillonarios financiamientos para hacerle frente; dinero que habremos de pagar esta y las siguientes generaciones, tema que no es momento de discutir; aunque sí es notoria la incapacidad de gestión, programación y ejecución de esos recursos, en tanto los hospitales colapsan ante el alto nivel de propagación de la enfermedad y la carencia de medidas, insumos, equipo y apoyo al personal sanitario que se juega la vida por salvar la vida de los demás.

Mientras tanto, todos los días son denunciados en diferentes medios de comunicación actos de corrupción de toda saya, en el ámbito de la administración pública, sin que aparentemente no pase nada. O sea, aquella subespecie humana, ahora empoderada, actúa con la certeza de la impunidad e inmunidad.

Ante esa realidad, ¿el Estado investiga de oficio una denuncia de corrupción publicada en un medio de comunicación o debe presentarse denuncia legal ante la Contraloría General de Cuentas de la Nación o el Ministerio Público?