Las leyes de asilo de Estados Unidos se diseñaron para proteger a la gente que huía del peligro. Se promulgaron en las décadas posteriores al Holocausto para garantizar que Estados Unidos nunca rechazara a los perseguidos. Pero ahora, muchos culpan a esas leyes por el caos y la falta de humanidad en la frontera sur del país.

El mayor golpe al compromiso de Estados Unidos con el asilo se produjo durante la pandemia, cuando el expresidente Donald Trump invocó el Título 42, una medida de emergencia que permitía a los agentes fronterizos rechazar a los solicitantes de asilo, con la justificación de prevenir la propagación del virus.

Cuando en mayo se levantaron las restricciones del Título 42, el presidente Joe Biden impuso una estrategia de premio y castigo con la que intentaba disuadir a los solicitantes de asilo de viajar a pie a la frontera. Estas nuevas medidas incluyeron una serie de vías legales, incluido un programa de permiso humanitario de permanencia temporal que les permite a las personas de ciertos países, incluidos Cuba y Haití, ingresar al país legalmente durante por lo menos dos años, siempre y cuando tengan a un patrocinador financiero en Estados Unidos. Esto disuadió a los futuros migrantes de hacer el peligroso viaje con un contrabandista, a menudo a través de varios continentes.

Esta estrategia habría sido un magnífico avance si no hubiera estado acompañada de una medida contraria que prohíbe a algunos solicitantes de asilo en la frontera solicitar protección en Estados Unidos. La gran mayoría de los migrantes deben conseguir una cita en un puerto de entrada oficial, las cuales son difíciles de obtener, de lo contrario, serán objeto de expulsión acelerada si no pueden demostrar que buscaron protección legal en otro país.

El 25 de julio, un tribunal federal dictaminó que la prohibición de asilo del presidente era ilegal. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos suspendió la sentencia, en espera del resultado de la apelación del gobierno.

El sistema de asilo del país no fue diseñado para satisfacer las necesidades de todos los migrantes que se ven obligados a huir de sus hogares. Pero los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos exigen un replanteamiento del marco migratorio de nuestra nación. Hasta que el Congreso encuentre la voluntad política para actuar, el presidente debería hacer uso de su autoridad para aliviar la presión sobre nuestro sistema de asilo y dar a los inmigrantes la posibilidad de trabajar legalmente una vez que lleguen a Estados Unidos.

Crecí en Las Cruces, Nuevo México, y he visto de primera mano cómo la frontera suroeste ha sido utilizada como arma para bloquear la reforma migratoria. Es lo que me impulsó a seguir una carrera en política migratoria y a trabajar en los gobiernos de Obama y Biden. Pero dejé el gobierno cuando quedó claro que las luchas partidistas sobre el número de cruces fronterizos extinguían la posibilidad de cualquier reforma en el Congreso.

Abandonar el compromiso moral de nuestra nación de proteger a quienes buscan asilo no es la vía. Más bien, podemos dar a la gente nuevas opciones legales para trabajar y reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Aunque dista mucho de ser perfecto, el programa de permiso humanitario de permanencia temporal del gobierno de Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos podría servir como ejemplo de lo que es posible. Esta política ofrece opciones más seguras a personas que tal vez no cumplan los requisitos legales para el asilo, pero que siguen teniendo razones humanitarias urgentes para huir de sus hogares.

La suspensión del acceso al asilo durante la pandemia provocó el mayor número de cruces en la frontera en décadas. También le permitió al gobierno estadounidense enviar de regreso a las personas a países donde serían secuestradas, agredidas y, en algunos casos, asesinadas. Ahora el gobierno de Biden argumenta en los tribunales que el levantamiento de la prohibición de asilo provocará una oleada de inmigrantes en la frontera. Pero incluso con la prohibición en vigor, un número significativo de personas ha estado llegando a la frontera entre Estados Unidos y México, las cifras preliminares muestran que en julio, la cantidad de personas que llegan diariamente ha aumentado, lo que demuestra la necesidad de encontrar una mejor solución legal.

La estrategia del gobierno de Biden en materia de política fronteriza ha sido imperfecta, pero representa un cambio prometedor. Este plan también incluye invitar a determinados migrantes a solicitar el estatus de refugiado en México, crear opciones de procesamiento regional y abrir un proceso de citas virtuales en los puertos de entrada.

La reforma integral migratoria está muerta por ahora, pero el presidente Biden tiene opciones para mejorar aún más el statu quo: puede utilizar su autoridad para conceder el Estatus de Protección Temporal a los cientos de miles de venezolanos que carecen de autorización laboral, lo que sería una bendición para los inmigrantes y las comunidades que los acogen. Un análisis de 2023 de FWD.us, un grupo bipartidista fundado por líderes empresariales de Estados Unidos que está a favor de una reforma migratoria más humana, concluyó que quienes tienen un Estatus de Protección Temporal aportan 22.000 millones de dólares anuales en salarios a la economía estadounidense.

El gobierno también debe actuar con rapidez para aumentar el número de citas en los puertos de entrada; añadir nuevos países elegibles para el permiso temporal; eliminar los límites a los países con necesidades urgentes de reasentamiento, como hizo con Ucrania; e invertir recursos en la adjudicación expedita de los casos de asilo. Todas estas medidas serían más eficaces para aliviar la presión sobre nuestro sistema de asilo que la esperanza de intimidar a los nuevos inmigrantes con una prohibición de asilo.

Si los defensores de una frontera segura se toman en serio la reducción del número de cruces fronterizos y de la inmigración no autorizada, deberían apoyar los intentos de Biden de crear nuevas vías legales. En cambio, una coalición de procuradores generales republicanos está impugnando el programa de permiso humanitario de permanencia temporal del presidente. En el Congreso, los republicanos del Senado están tratando de eliminar la misma autoridad de permiso humanitario que permitió a los afganos reasentarse temporalmente en Estados Unidos. No se ha impugnado el uso de la autoridad de permiso humanitario de permanencia temporal para traer ucranianos a Estados Unidos.

Estas acciones revelan que nuestro actual debate sobre la frontera no es sobre el número de personas que intentan venir aquí, sino sobre a quienes se les debería permitir venir. Puede que los votantes estadounidenses no tengan una opinión firme sobre el futuro del sistema de asilo o las vías legales que se están creando, pero a los votantes de ambos partidos les disgusta el caos y el sufrimiento humano que ha provocado este tema durante los últimos diez años. Más de un millón de ciudadanos estadounidenses se han apuntado para apadrinar a migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

En un momento de desplazamiento global sin precedentes, no podemos seguir esperando a que el Congreso modernice nuestras leyes migratorias. Las vías legales seguras son buenas para las personas que utilizan nuestro sistema de inmigración. Biden ha dado algunos pasos significativos para ofrecer a los inmigrantes mejores opciones, pero sin esperanzas de que el Congreso actúe en un futuro próximo, es necesario hacer más.