El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha gozado de respeto desde su creación. Sucesivas magistraturas han convocado 20 procesos electorales con autonomía y transparencia. Arturo Herbruger Asturias (1912-1999), el primer presidente del TSE y su cabeza por diez años, imprimió un sello intachable a la institución. El Lic. Herbruger y sus cuatro colegas organizaron la histórica elección de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1984, y la primera y segunda vueltas de las elecciones generales de 1985. Guatemala transitó del autoritarismo a la democracia mediante una ordenada secuencia de pacíficos traspasos del poder, gracias al buen funcionamiento del TSE.

Hoy escuchamos punzantes críticas contra los actuales magistrados del TSE. Se les acusa de incompetentes y hasta totalitarios. Tres cuestionamientos nos preocupan. Primero, los plazos establecidos para la campaña electoral son demasiado cortos. Los recientes cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos favorecen a los partidos más antiguos; la oferta política nueva tiene dificultades para comunicar su propuesta al votante. Segundo, se reglamentaron varias restricciones a la publicidad y controles al financiamiento. Estos criterios son complejos de hacer valer, y reducen la libertad de competencia. Es prácticamente imposible para el TSE monitorear y sancionar a todos los infractores. Cuando las reglas obligan al TSE a convertirse en un policía omnisciente, lo destinan al fracaso.

Tercero, se ha criticado al TSE de jugar a favoritos, lo cual, de ser cierto, comprometería la integridad del ente. ¿Al pedirle al TSE que seleccione ganadores y perdedores, estamos facilitando su parcialización? Es inevitable que el poder político atraiga a personas de dudoso carácter moral. Calificar la idoneidad de miles de candidatos a alcalde, diputado, vicepresidente y presidente es una tarea titánica que toma tiempo. Prestigiosos abogados discuten sobre las impugnaciones, los amparos y otras acciones legales que entorpecen o protegen a ciertos candidatos. La incertidumbre que pesa sobre decenas de candidaturas vulnera el proceso. Idealmente, los votantes tendríamos que desdeñar a los corruptos en las urnas. Y, mejor aún, se deben afianzar los candados constitucionales y suficientes pesos y contrapesos para limitar el daño que pueden hacer los malos en caso lleguen al poder.

Corregir estos defectos dotarían al proceso electoral de más certeza y confiabilidad. La prudencia y el realismo deben guiar cualquier nueva reforma del sistema, porque es importante preservar lo que sí funciona: el mecanismo que involucra a miles de ciudadanos voluntarios en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Este complejo pero efectivo procedimiento de emisión y conteo de votos es nuestro blindaje contra el fraude. Los fiscales de los distintos partidos políticos y los ciudadanos voluntarios vigilan la acción en los centros de votación desde el amanecer hasta el cierre de las urnas, y aún después de eso. Las actas se levantan en triplicado; las papeletas se almacenan como evidencia física. Los resultados se digitalizan más de una vez. Algunos voluntarios trabajan durante días enteros, aguantando sueño y hambre, movidos por un elevado sentido de responsabilidad. Valoremos este logro en su justa dimensión.

Algunos de los vociferantes enemigos del TSE están revelando su corazoncito autoritario. Quieren hacer leña de todo el ordenamiento político creado por la Constitución de 1985, no sólo del TSE. Quisieran hacerse del poder mediante un golpe de estado técnico para “refundar la patria”, o algo por el estilo, en lugar de promover reformas graduales desde dentro. No caigamos en su trampa tampoco.