La iniciativa de ley 5792, propuesta por un diputado llamado José Alejandro de León Maldonado, pretende modificar la ley de acceso a la información pública (Laip), quitándole la competencia a la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el seguimiento del cumplimiento de dicha ley, y trasladar todo lo relacionado con la Laip a una entidad nueva que crearían y que estaría, además, bajo el control del Congreso. Eso hacen ya con entidades como Conamigua, donde colocan a sus achichincles para que operen políticamente, y ahora, pretenden hacerlo para la Laip. Así, el ente más corrupto y transgresor de la ley, cuna de la narcocleptocracia institucionalizada, y violador de toda norma escrita y no escrita que existe en el país quiere asegurar que nadie se entere de las fechorías que cometen ellos y todos sus aliados del Pacto de Corruptos. Pretenden así, cerrar el circuito de la impunidad y del Estado capturado.

Esta iniciativa, es otra manera de silenciar a la población, de mantenerla en la ignorancia, de quitarle sus derechos ciudadanos, pero también de restringir al periodismo de investigar los actos públicos que se financian con nuestros impuestos. Así, vetan también la libertad de prensa y de expresión, el derecho al disenso. Si ahora hay problemas para acceder a la información porque las instituciones públicas irrespetan los tiempos y contenidos que deben proporcionar por obligación, ¡imagínense cuando esta competencia sea regulada por un ente que responde a los intereses de los clica-partidos confabulados en el cleptonarcocongreso! ¡Rechazamos sus maniobras espurias y exigimos que retiren esa iniciativa de inmediato!

A la par, pretenden aprobar un presupuesto leonino, que no solo ignora la realidad de hambre de la gente, mantiene en la precariedad al sistema público de salud, reduce los recursos destinados a manejar la pandemia de covid-19, que nos acompañará seguramente durante todo el próximo año, y amenaza la estabilidad macroeconómica del país por el nivel de endeudamiento en que estamos incurriendo. Encima, pretenden impedir que tengamos acceso a la información sobre qué hacen con nuestro dinero. Quieren dejarnos a ciegas sobre sus fechorías; robar con total libertad e impunidad. Hacer sus negociaciones espurias sin que nadie se entere, y terminar de cavar la sepultura del Estado de derecho y la democracia que tantas vidas y tanto sacrificio llevó fundar. Después de eso, querrán desactivar Guatecompras, luego el Snip y si nos descuidamos, declararán el Sistema de información y administración financiera del Estado –Siaf- como lesivo a sus intereses. La opacidad total, en plena era del gobierno abierto. Vamos de involución en involución.

El Pacto de Corruptos avanza sin resistencia hacia su consolidación. No podemos seguir ajenos a esta realidad. Los y las diputadas honestas en el Congreso son una minoría; ellos solos no pueden detener a esta plaga. Se entiende que una significativa proporción de guatemaltecos simplemente no tiene condiciones para pensar en estas cosas, pues pasa hambre, frío y abandono todo el tiempo, agravado ahora por la pandemia del covid y por los huracanes que azotan la región. Pero hay otra parte todavía significativa de la población que no está en esa situación, pero que igual permanece inerte, callada, como que no fuera con ella y sus familias lo que está ocurriendo en el país. Esta cultura de extrema tolerancia a lo ilegal e ilegítimo está permeando todos los estamentos sociales. Lo que no lograron en Colombia en los años noventa, lo están logrando en Centro América en el siglo XXI: hacerse del total control del Estado y de la población. ¡Hay que detenerlos!