Cada día que pasa se hace más evidente la regresión que estamos viviendo en Guatemala. Cuando pareciera que no se puede estar peor, llega una tormenta que nos recuerda que mientras el Estado siga capturado por redes políticas y económicas corruptas, en alianza con grupos del crimen organizado, la población continuará sumida en el más profundo de los abandonos.

Pareciera inconcebible —pero la realidad se ha encargado de mostrar que no lo es— que una pandemia o un huracán se utilicen para seguir robando y malversando recursos, mientras la gente en condiciones de extrema vulnerabilidad se enfrenta sola a la devastación.

Y si además ante un llamado de auxilio, lo que se recibe es la burla y el desprecio presidencial —porque eso y no otra cosa fueron las frases “adivino no soy” y “tal vez no están tan incomunicados porque lo sabe usted”— que espetó Alejandro Giammattei cuando un periodista le consultó sobre una de las comunidades anegadas tras el paso de la tormenta Eta, el retrato sobre lo que hoy es Guatemala no puede ser más dantesco.

Como suele ocurrir, a la par de la corrupción y la indolencia se ampara el autoritarismo y se reduce al mínimo el espacio democrático. La alianza pro-impunidad, que la población bautizó con enorme tino en 2017 como el “Pacto de Corruptos”, no ha detenido su maquinaria devastadora contra los derechos y las libertades ciudadanas, ni sus maniobras para terminar con las investigaciones y procesos judiciales por sus corruptelas pasadas, actuales y seguramente futuras.

La agenda regresiva que se impulsa en el Congreso por una mayoría legislativa que acompaña al oficialismo no da tregua. Ahora, además de seguir postergando la elección de las cortes y negociando por la vía de “incentivos económicos” los votos para la aprobación de leyes y del presupuesto, se aprestan a echarle mano a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Con las características de la actual legislatura nada bueno puede esperarse de una iniciativa de ley que pretende reformar —sin discusión pública y menos técnica— un instrumento que ha sido clave para los esfuerzos de fiscalización, transparencia y para el ejercicio del periodismo independiente. No hay que ser demasiado suspicaz para entender que, usando como excusa “recomendaciones” de organismos internacionales, lo que se pretende es limitar el derecho humano de acceso a la información y controlar arbitrariamente qué datos se comparten y cuáles se ocultan.

La hipocresía es tal que pasan de la “defensa de la soberanía ante la indebida injerencia internacional” a enarbolar la bandera de “adecuar las normas” a los estándares internacionales de derechos humanos. La sempiterna doble moral.

Lo que quieren en realidad es sacar a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos del medio y crear una entidad a la medida de sus intereses, disfrazándola de “independiente”. Por supuesto que hay cosas para mejorar y fortalecer en los actuales procedimientos y mecanismos de acceso, pero no se puede dejar a merced de las transas del Congreso la conformación de una nueva entidad que vele por el cumplimiento de esta ley.

Es un peligro que sea una mayoría de diputados con credenciales de opacidad la que decida —en caso se apruebe la reforma— su integración y pueda, si no está conforme, destituir con mayoría simple a sus miembros. Semejante grado de discrecionalidad atenta contra las pocas herramientas que van quedando en el país para luchar contra la corrupción.

No quisiera terminar esta columna sin repudiar y exigir justicia por el asesinato del colega Mario Arturo Ortega García, director de San José Total – Canal 12 de Escuintla, que aumenta la criminalización y los ataques sostenidos contra medios y periodistas.