Aleph

Seguridad social, nuestro derecho

Carolina Escobar

El 30/10/1946, en el gobierno de Juan José Arévalo, el Congreso emitió el decreto 295, “Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Nació así “una institución autónoma, de derecho público, de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala un Régimen Nacional, Unitario y Obligatorio de Seguridad Social, de conformidad con el sistema de protección mínima”. (Cap. 1°, Art. 1°). Según la ley, los patronos y trabajadores de todo el territorio nacional debían estar inscritos como contribuyentes y no podían evadir esta obligación porque ello significaría incurrir en la falta de previsión social. Hoy, con un presupuesto de Q19 mil 021 millones anuales, el IGSS obtiene sus fondos de cuatro lugares: el Estado, los patronos, los trabajadores y las inversiones que realiza. A todos los trabajadores inscritos en planilla nos debitan mensualmente una cuota según el salario que recibimos, destinada al pago de IGSS. Sin embargo, entre el Estado y el sector privado le adeudan al IGSS Q1 mil 527 millones 699 mil 052, de los cuales un 49.51% lo debe el Estado y 50.49% el sector privado. En el nuevo presupuesto acordado en 2019, el Ministerio de Finanzas dejó apenas un monto de Q800 millones destinado al IGSS, por lo que la deuda seguirá creciendo. Pienso en las y los trabajadores del sector público y privado que no pueden acceder a los servicios por el incumplimiento de pago de sus empleadores. Pienso, también, si con el monto de esa deuda no se podría levantar un hospital para la niñez, algo que soñamos desde hace mucho.

La deuda, más la corrupción pactada entre políticos, funcionarios y empresarios, le han hecho mucho daño al IGSS, que es un bien de los trabajadores. ¿Ejemplos? El desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social entre el 2002 y 2004, por el que fue acusado y perseguido (no capturado) Gustavo Herrera. El caso fue reabierto en 2019 por lavado de dinero, y se supo que los fondos habían sido sustraídos de un fideicomiso formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv y Banco Uno. Más cerca en el tiempo (2015/2017), los casos IGSS-Pisa o IGSS-Ambulancias, que involucran al expresidente de la Junta Directiva del IGSS Juan de Dios Rodríguez, hoy en prisión. El IGSS no se ha salvado de la corrupción, pero se han modificado y fortalecido los controles para detectarla, y hay esfuerzos importantes, como el de la Unops, desde 2016, que ha resultado en un 54% de reducción en los costos de adquisición de medicinas. Si no, que lo diga Gustavo Alejos, desde Matamoros. El IGSS es el más importante compensador social del país, y a pesar de haber sido saqueado, de sus propios errores, o de lo que le adeudan, tiene un fin esencialmente humano, contribuye a la estabilidad macroeconómica del país, y financia de manera incuestionable al Estado, ya que una tercera parte de sus inversiones está situada en el Banco de Guatemala, la otra está repartida en varios bancos del sistema, y una más en el Ministerio de Finanzas.

El IGSS cubre hoy a 1 millón 324 mil 195 afiliados y sus beneficiarios, así como a 178 mil 876 pensionados del IVS y a 105 mil jubilados del Estado. En total, paga más de Q3 mil millones en pensiones y más de Q300 millones por suspensiones médicas. Es el único respaldo para millones de personas que pagaron toda su vida laboral y viven ahora de ese “dinerito”. En el 2010 llegó, por fin, a todo el territorio nacional y, desde el 2012, se ha venido ordenando económica y financieramente, y ha actualizado las normas y reglamentos con afiliados, derechohabientes y empresas. En medio de esta pandemia que ya ha dejado a miles más en la calle, estamos asistiendo a fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el IGSS. Sabrán arreglarlas, porque errores y aciertos hay en ambos lados. Pero ni podemos permitir que del IGSS salgan fondos para la emergencia, luego de los préstamos millonarios que el gobierno solicitó al Congreso, ni podemos vilipendiarlo para justificar una privatización. Acá, con el rezago de al menos cuatro décadas en el sistema de salud, eso sería una condena más para millones de personas.