En las últimas décadas, la realidad guatemalteca nos ha enseñado lo que no se aprende en ningún aula. Hemos asistido a un largo y didáctico proceso sobre cómo debilitar y capturar a un Estado para el beneficio de las mafias, a lo cual podríamos llamar “la pedagogía de la corrupción”. Podemos hablar ahora de linajes corruptos con nombres y apellidos, así como de un continuum de corrupción pactado estratégicamente con visión de largo plazo. La estocada final a tan paciente y sistemática práctica de despojo, corrupción y muerte podría ser la toma de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El proceso de elección de CC debe concluir antes del 14 de marzo. Para entonces, un titular y un suplente habrán sido electos por cada una de las siguientes instancias: Presidencia de la República, Congreso, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Superior Universitario (CSU) y Colegio de Abogados y Notarios (Cang). La movida inicial de esta estocada final la dieron, hace un par de días, los 101 diputados del Congreso que eligieron a Dina Ochoa (para un segundo período) como titular, y al diputado Luis Alfonso Rosales como suplente. Ochoa ha sido operadora política de la corrupción desde hace mucho y defensora del riosmonttismo; el segundo ha sido abogado de Zury Ríos y antes, también, de su padre. Solo esta jugada en el tablero hará que otras piezas se muevan; por ejemplo, al diputado Rosales lo sustituirá Antonio Arenales Forno, anterior legislador del FRG, defensor de la amnistía para delitos de lesa humanidad y asesor de gobiernos como el de Morales y Pérez Molina, entre otros.

La honorabilidad, la idoneidad y la capacidad son los únicos criterios que deberían orientar esta elección; sin embargo, lo que está pesando es el poder de las mafias. Entre más metida tienen la nariz en asuntos oscuros los posibles operadores del pacto mafioso, más valorados. Gálvez y Murphy Paiz (Usac) han quedado fuera del proceso ante el temor de que les saquen sus trapos sucios al sol. Pero el proceso aún no se acaba y tenemos a varias mujeres postulándose, que sí dan la talla.

Por el CSU están Gloria Patricia Porras y Delia Marina Dávila. La primera ha sido magistrada titular de la CC y ha defendido el orden constitucional, el estado de Derecho y los derechos humanos, en momentos de alto riesgo para la gobernabilidad del país. La segunda es actualmente vocal de la Cámara Penal de la CSJ y se ha diferenciado del resto del pleno en fallos donde, junto a la magistrada María Eugenia Morales, se ha sostenido dignamente frente a decisiones colectivas que han defendido la corrupción.

Por la CSJ van Iris Yassmin Barrios y Sara Griselda Yoc. La primera ha dictado sentencias emblemáticas en casos de violaciones a DDHH como el de genocidio y el Dos Erres. Le han sido otorgados el premio de Derechos Humanos por el Consejo General de la Abogacía Española, el International Women of Courage por el Departamento de Estado de los EE. UU. y el reconocimiento a la trayectoria, del Programa Cívico Permanente del Banco Industrial. En el caso de la abogada Yoc, ha integrado el tribunal en casos como Jueves Negro y el de la embajada de España.

Por el Cang va la licenciada Patricia Elizabeth Gámez, actual Jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez. Fue una de las seis personas que integraron la nómina de aspirantes a fiscal general (2018) y ha sido reconocida por su valentía al juzgar casos de alto impacto ligados al narcotráfico y al crimen organizado. Hay personas probas para llegar a la CC.

Imaginemos que el dinero y las energías invertidos para consolidar la alianza criminal mafiosa se hubieran enfocado en el desarrollo de toda la población. Pero los hubiera no existen; son mundos perdidos. Hemos aprendido y ganado musculatura ciudadana y social y estamos más pendientes que nunca de los resultados de esta elección, pues nuestro futuro está en juego.