Dos semanas atrás, el monumento a Isabel La Católica fue descabezado en la oscuridad de la noche; la misma suerte corrió el jinete, José María Reina Barrios, a plena luz del día, durante una manifestación pública en la avenida La Reforma (Oct2021), frente a los ministerios de Educación y RREE, sin que autoridad alguna actuara en su defensa. Actos vandálicos que merecen ser mascullados.

Para fines de este artículo se entenderá por monumento toda producción humana de valor artístico, científico o histórico que se erige en recuerdo de una persona o hecho memorable. Así mismo, se reconoce como bien cultural a una gama más amplia de obra mueble, inmueble e intangible.

En nuestro país, la protección de los bienes culturales viene de larga data, protección que adquirió carta de identidad con la Revolución de Octubre del 44, al crearse el Instituto de Antropología e Historia. Con la Ley Protectora de La Antigua Guatemala se adoptó la Carta Internacional del Restauro (Atenas 1964) y en 1997 se publicó la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, de amplio espectro.

Sin embargo, hay algo que no funciona bien, y me atrevo a lucubrar que sea el país. Me explico. De la historia de la humanidad se conoce de grupos culturales que, al desarrollarse, siguieron la fuerza de su naturaleza y poderío, conquistando a otros, dando lugar a nuevos conglomerados, producto del mestizaje, que generó nuevas civilizaciones en todo el orbe.

En Guatemala, en cambio, se optó por enfatizar el valor de las diferencias, anclándonos en el subdesarrollo. Copio el parecer de Lionel Toriello (elPeriódico16Jul2022P15): “… Abogo por una reducción de las abismales desigualdades que hacen de nuestro país, por ejemplo, no solo un bochornoso ‘campeón’ de hitos estadísticos socialmente negativos, sino una sociedad desasosegada, proclive al conflicto y a la inestabilidad…”

De ahí que Irma Alicia Velásquez Nimatuj (elPeriódico9Jul2022P10) se pregunte: “¿Hasta dónde representa delito la destrucción colectiva de símbolos que no incorporan la complejidad de la historia, la memoria y los imaginarios de comunidades o pueblos? ¿Hasta dónde las y los habitantes de los países están obligados a proteger los monumentos que no les personifican? ¿Deben las ‘democracias’ exigir a los descendientes de múltiples genocidios, a los humillados o esclavizados a conservar estatuas, bustos, banderas, himnos o construcciones que les evocan despojos o que les recuerdan los efectos de las acciones de personajes políticos que la historia oficial decidió unilateralmente honrar en avenidas, plazas o espacios públicos?”.

Opiniones que me permiten ratificar mi parecer: el país está mal.

Con la independencia de España, Guatemala no se convirtió en un Estado; siguió como encomienda (finca), con capataces republicanos incapaces de crear una nación. Ni siquiera se intentó forjar una nueva civilización integrando a los 24 grupos culturales originarios mediante un plan de nación que evolucionara como civilización.

La identidad cultural no se genera por ósmosis, no se contagia. Se crea mediante políticas educativas y culturales públicas: obligación primaria del Estado. Políticas que permitan identificar a los hombres y mujeres destacados de cada grupo, y elevarlos a la categoría de héroes y referentes sociales.

Así, y solo así, lograremos saber quiénes somos y provocar nuestro desarrollo. Solo con educación y cultura se evitarán más efigies descabezadas y, de paso, que el Estado reconozca la importancia de cumplir con la ley y no propiciar desatinos como el del monumento al Bicentenario de la Independencia en la Plaza Mayor, carente de sustento histórico, conceptual y calidad arquitectónica.