La certeza jurídica es uno de los componentes básicos que evalúa cualquier inversionista para visualizar si invierte en un país. El ecosistema para la atracción de la inversión debe ser habilitado con un enfoque holístico, con políticas que persistan a través de diferentes gobiernos y con una coordinación clara entre el sector público y los diferentes actores privados.

Además de otros aspectos importantes como la infraestructura, el capital humano o la promoción de los sectores exportadores y una agenda de competitividad clara, cualquier país que aspire a aumentar la inversión extranjera directa (IED) requiere de una agenda clara que fortalezca la certeza jurídica. No voy a entrar en el detalle de la importancia de la inversión extranjera directa, pues columnistas invitados en este medio de comunicación lo han definido claramente. El experto y ex director general de ProMéxico Paulo Carreño comenta que “en materia económica los ingresos de la IED favorecen la balanza de pagos, contribuyen al ahorro interno y las nuevas empresas traen una mayor competencia, y con ello crece el mercado interno. Además se fortalecen las cadenas productivas, las empresas locales se vuelven más eficientes y terminan por ofrecer mejores productos a precios más competitivos. En adición, traen conocimiento y nuevas tecnologías, más trabajos para la población y empleos mejor pagados, y con ello un incremento del nivel de vida”.

Ahora bien, quisiera referirme a la definición que mejor he encontrado sobre certeza jurídica, escrita por el jurista Gianmarco Gometz en su libro La certeza jurídica como previsibilidad, que se refiere a “la posibilidad difundida de prever la gama de las consecuencias jurídicas efectivamente susceptibles de ser espontánea o coactivamente conectadas a actos o hechos, así como al ámbito temporal en el cual tales consecuencias jurídicas se producirán”. Esta forma de enmarcar la certeza jurídica al concepto de previsibilidad es lo que relaciona directamente la importancia de esta con la inversión.

Cualquier inversionista, antes de entrar a un país, necesita conocer las reglas y no pueden planificar sus inversiones a menos que se conozcan las leyes de antemano. En el caso de este concepto aplicado a la justicia, esperamos previsibilidad y que quienes aplican la justicia se apeguen a derecho, que sus opiniones estén basadas en criterios legales previamente definidos.
Ahora bien, comprendo que en Guatemala el proceso de nombramiento de magistrados es perfectible y que actualmente está íntimamente ligado a procesos políticos y grupos de presión. La misma Constitución Política de la República le da el mismo poder político a académicos y colegios profesionales que a representantes electos democráticamente, lo cual, a futuro, deberá cambiar si queremos mejores resultados.

Sin embargo, bajo los preceptos actuales y con los procesos establecidos en la misma Constitución, debemos no solo cumplir los procedimientos establecidos, reconocer que los procedimientos no necesariamente van a producir la participación de los mejores jueces, dado que no incentiva que se postulen los mejores y reconocer que los plazos establecidos para asegurar la alternancia del poder importan, que están precisamente para mantener encadenado el poder del Estado. Para fortalecer la certeza jurídica se necesita la vigilancia de la sociedad, como lo establece Daron Acemoglu y James Robinson en su libro El pasillo estrecho. Si no lo hacemos, la Constitución no valdrá nada más que los pergaminos sobre los cuales está escrita.