El fin de año, lo referente a la epidemia covid-19 en Guatemala estuvo dominado por dos temas: el cierre de Coprecovid y la posibilidad de que el Ministerio de Salud adquiera un lote de vacunas por medio de negociaciones bilaterales. Esto permitiría acceso más inmediato a la vacuna, mientras el mecanismo Covax de OPS/OMS hace sus primeras entregas, previstas para abril. Ambos temas son buenas noticias, aunque siempre opacadas por la falta de acceso a información.

Lo que se sabe es lo que se rescata aquí y allá en los medios; hasta ahora no hay ningún planteamiento documentado sobre la estrategia de vacunación ni los retos logísticos que se enfrentan para vacunar masivamente; menos todavía, conocer el dictamen técnico que sustenta la racionalidad de la compra de 5 millones de vacunas que supuestamente se hará a la empresa Moderna; por lo que se sabe, es la vacuna más cara en el mercado.

Valga mencionar que todo proceso de compra de esta envergadura —posiblemente unos 100 millones de dólares— debería ser sujeto de la máxima transparencia y contar con un sólido respaldo técnico y documental. Más importante aún, porque va a ser una compra directa internacional no sujeta a licitación; esto se justifica en este caso por la urgencia de contar con la vacuna y las circunstancias globales de oferta y demanda de dicho bien. Por eso mismo, la transparencia tiene aún más relevancia. El antecedente nefasto que tiene el país con la contratación directa internacional de Odebrecht, para construir la CA-2 occidente, debería ser suficiente.

En el caso de la vacuna de Moderna, se pide también una ley específica. Se aduce que el marco legal vigente para compras públicas internacionales no es suficiente para hacer la compra; y que se quiere evitar, además, la injerencia de intermediarios —asunto por más bienvenido y aplaudido—. Por el otro lado, se dice que la empresa exige al gobierno firmar un Acuerdo de Confidencialidad. Es decir, que no se harán públicas algunas condiciones de la negociación. No se sabe que temas aborda ese acuerdo: si es solo el precio de venta, los derechos de propiedad intelectual o algo más. En países que han emitido una ley específica para facultar la compra, la finalidad también ha sido extender salvaguarda a las empresas sobre reclamos o demandas posteriores, siendo que la venta de la vacuna está ocurriendo en condiciones muy particulares. Este tema, tremendamente delicado, en cuanto han sido en buena medida los Estados de países desarrollados quienes han financiado la producción acelerada de vacunas, ya se ha planteado como un tema de agenda por parte de la comunidad científica internacional.

Al parecer, acá, los ciudadanos no podremos enterarnos. ¿Tendrán acceso el Congreso y la Contraloría General de Cuentas a esas cláusulas de confidencialidad? ¿O legislarán a ciegas? Mientras tanto, el Congreso ha avanzado, hasta su tercera lectura, la iniciativa de ley 5342, ley de vacunas para Guatemala. Una ley marco que provee un respaldo legal, técnico-científico e institucional mucho más sólido y estable para un elemento crítico de la política de salud pública, como es la vacunación. En este momento, perfectamente, se podría incluir en esta iniciativa un articulado que solucione y ampare las negociaciones de compra con Moderna y eventualmente con otras empresas, con la ventaja de que quedaría inserto en un marco institucional mucho más estable, sostenible y transparente para el país, evitando la legislación casuística. Si esta ley se aprueba de inmediato, como corresponde, podría ser una solución más transparente y de más largo plazo. Dejamos esta propuesta a consideración del Ministerio de Salud y del Congreso.