Eduardo González, expresidente del Grupo Financiero del País, el cual contaba con Banco del Café, escribió un libro titulado Guayo, tendiendo puentes, en el cual narra su experiencia de vida y brinda su versión en torno a lo sucedido con ocasión de la decisión de la Junta Monetaria para suspender dicho banco. Si bien aquella decisión fue suscrita el 19 de octubre del 2006, es oportuno para los usuarios del sistema bancario nacional adentrarnos más sobre la forma cómo se asumen los controles financieros. Al salir a luz el libro, ojalá motive a otros actores a señalar su propia versión y así el público usuario acceda a herramientas para llegar a conclusiones propias.

Si bien el libro es provocativo, para estas líneas es oportuno tocar cuatro temas; el primero, la institucionalidad de la Junta Monetaria; el segundo, lo llamado piñatización del banco; el tercero, nuestra torpe e ingrata administración de justicia; y cuarto, el público afectado.

Según el libro, aquel 19 de octubre por la mañana, el presidente Óscar Berger tuvo una reunión a la cual asistieron Jose Rubén Zamora, por elPeriódico; Rolando Archila, por Emisoras Unidas; Mario Antonio Sandoval, por Guatevisión, y Gonzalo Marroquín, por Prensa Libre, en la cual se les anunció la decisión de suspender el Banco del Café. Al celebrarse la reunión, la Junta Monetaria aún no se había reunido y no había decidido nada; con esto resulta fácil colegir cómo la autonomía constitucional de la Junta Monetaria es una cosa y en la práctica otra, lo cual debe ocuparnos a todos.

Suspendido el Banco del Café, tres bancos —BAM, Banrural y Bancor— asumieron la liquidación. Según el autor, el edificio central del banco, valuado en 317 millones de quetzales, fue vendido a Banrural en 110; además, toda la red de agencias —la más grande del país— fue entregada a los tres bancos sin cobrar un solo centavo, “ni siquiera por el equipo o por los muebles”. Si esto fue así, la lógica de hacer negocios por medio de la liquidación del banco toma una especial lógica.

Tras la suspensión del banco, se promovieron procesos penales. Eduardo González estuvo más de siete años preso sin llegar a debate, y a la fecha el expresidente del banco, Ariel Camargo, guarda prisión “preventiva”, un absurdo descomunal y evidencia de un sistema de justicia incapaz. El proceso penal aún está en fase de “investigación” y los años pasan sin importarle a nadie las consecuencias de una prisión sin juicio y tampoco se mueve un dedo para establecer si los ahorrantes perjudicados pueden conseguir justicia.

A los ahorrantes del Banco del Café nos pagaron lo depositado, a los ahorrantes de Bancafe International, el banco fuera de plaza, se nos pagó solo una exigua parte y, según Eduardo González, el punto toral de suspender las actividades fue evitar la venta del Grupo Financiero a Scotia Bank por parte de ciertos directivos de bancos nacionales en un afán mercantilista. Si la conspiración existía, es un tema fuera de estas líneas, pero conforme lo narrado por González, con la venta del grupo, la cual se debía formalizar a pocos días después de aquel 19 de octubre, jamás los ahorrantes de Bancafe International hubieran salido tan perjudicados, con las consecuencias dramáticas para muchos.

Ojalá el libro genere un debate sobre el efectivo control financiero del país, porque después de Bancafé sucedió lo de Banco de Comercio, en donde las omisiones dolosas de la Superintendencia de Bancos fue un motivante enorme de un desfalco espantoso, y esto no puede volver a suceder, por lo menos de esa forma o viviríamos bajo amenaza de repetición.