Guatemala vuelve a llorar otra tragedia con muerte y destrucción, tras el paso de la depresión tropical Eta. No hay palabras para describir el dolor que este fenómeno ha dejado en el territorio nacional, con miles de damnificados, destrucción de viviendas e infraestructura. Basta ver la grave situación de la comunidad de Quejá, en San Cristóbal Verapaz, que prácticamente desapareció tras el deslizamiento. Extraoficialmente se estima que más de cien personas murieron en esta población, además de que los sobrevivientes se quedaron sin nada. A ello se agrega que la frágil infraestructura vial ha cedido al empuje de la naturaleza, con lo que se observa la mala calidad de las obras públicas. Ha sido la solidaridad proveniente de la sociedad civil y de la comunidad internacional la que se ha sentido en este momento, a diferencia de las actitudes arrogantes y falta de previsión que se ha observado del lado oficial.

Un reportaje de Prensa Libre publicado el 10 de noviembre evidencia cómo el gobierno de Alejandro Giammattei falló en la gestión de emergencias, a pesar de las advertencias que hubo acerca de la depresión Eta. Con anticipación se sabía que el paso de ese fenómeno por el territorio nacional iba a causar graves estragos y no se tomaron medidas para evitar que impactara principalmente en las comunidades pobres del país. No es la primera vez que se observa esa pasividad. Con la erupción del Volcán de Fuego, en junio del 2018, las autoridades de turno no evacuaron a tiempo a la población en riesgo. En esa ocasión se sabía del peligro, pero las alertas sonaron cuando ya era demasiado tarde y la población no podía huir de la furia volcánica. En esta ocasión ocurrió lo mismo, el gobierno actuó de manera reactiva, ya cuando la depresión azotaba áreas de Izabal, las Verapaces y Quiché, principalmente.

Estas horas de tragedia es cuando se observa la solidaridad del pueblo guatemalteco. En varias regiones del país se organizaron colectas de víveres, ropa y dinero en apoyo a los damnificados. Desafortunadamente se tuvo que lamentar la muerte de personas que en forma desinteresada se habían unido al auxilio. Los pilotos Jaime Pacay y Juan José López perdieron la vida cuando el avión privado en el que viajaban se precipitó a tierra debido a que iba sobrecargado con ayuda para los damnificados. Pero también se observó de nuevo el lado oscuro del presidente Giammattei. La primera, cuando menospreció al alcalde de Carchá, quien había pasado muchas horas en labores de rescate y asistencia a los afectados. Otro tanto fue cuando un periodista le preguntó qué ayuda le daría a los vecinos de una aldea de Nebaj que quedó totalmente incomunicada y su respuesta hepática fue: “¡Que me la pidan, porque adivino no soy. Es la primera vez que lo están diciendo!”. Quien se dice presidente de todos los guatemaltecos no puede tener estos arrebatos sin sentido y que demuestran su precaria calidad humana.

También se observó cómo los políticos oportunistas comenzaron a aparecer en escena para aprovecharse de la tragedia. Ese fue el caso del presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, que arribó a Izabal y Alta Verapaz en helicóptero privado, como si estuviera en campaña, pero con las manos vacías. Pese a haber padecido coronavirus, llegó a varias comunidades sin utilizar mascarilla, lo que evidencia su despreocupación por la salud de las personas. Ahora habrá que estar alertas sobre el uso de los fondos de emergencia. En total están destinados Q762 millones para hacer frente a la grave crisis que dejó la depresión Eta, pero de estos, Q400 millones, aprobados por el Congreso, no se sabe para qué van a ser utilizados. Conociendo la voracidad de la cleptocracia nacional, es importante fiscalizar el uso de estos recursos que deben servir exclusivamente para asistir a los damnificados.