Mi período como columnista de opinión en Prensa Libre dio inicio en septiembre de 2013, preguntando justamente cuándo se haría el nuevo Censo de Población y Vivienda. Tuvieron que pasar seis años para ver respuesta a dicha pregunta, aunque sea todavía de manera parcial, por el momento, pues solo tenemos el dato de población censada. El INE tiene aún pendiente una serie de acciones técnicas para terminar de darnos la información mínima completa que un censo debería dar: ¿cuántos somos los guatemaltecos en el territorio en realidad? ¿A cuántos no se logró censar y por qué? No son estas, preguntas menores sobre un ejercicio de esa envergadura y costo. El INE debe responder con toda transparencia y seriedad; la legitimidad de las cifras se sostiene a partir de la confianza que tenga la población en que la institución que las respalda reconoce abiertamente los alcances y limitaciones del ejercicio censal efectuado.

Hay tres temas concretos que el INE debiera aclarar a la población: el primero es la calidad y cobertura de la cartografía de base que se empleó para diseñar el censo; no está confirmado que efectivamente se cubrió todo el territorio nacional. Si hubo omisión a ese nivel se necesita aclarar ese punto y las razones para ello. También, poner a disposición las bases de datos con la cartografía, al menos a la comunidad de expertos en estos temas.

Segundo, no dieron cuentas sobre la tasa de rechazo real que hubo durante el levantamiento censal. Aclaro que el rechazo pudo expresarse de distintas maneras: gente que no quiso responder o que los censistas no les permitieron el acceso a las viviendas por distintas razones. Es importante saber también qué porcentaje de boletas censales no fueron llenadas directamente por los censistas —supuestamente entrenados para ello—, sino por los propios censados, o bien por una tercera persona, como pudo haber sido el caso en varios condominios y edificios de apartamentos en zonas urbanas o en comunidades muy apartadas y empobrecidas en el área rural. Conocer el peso que estas y otras situaciones pudieron tener sobre los resultados solo añadirá confianza y legitimidad a las cifras con las que si contamos.

Tercero, el cálculo de la omisión censal; es decir, el porcentaje de personas de la población total que no fueron censadas durante el levantamiento de la información. Ese dato se estima a partir de un estudio específico que entiendo el INE hasta ahora está haciendo, aunque el levantamiento de la información del censo se dio hace ya más de un año. Ignoro cuál será la confianza que se puede tener en el dato que arroje este estudio cuando pasó ya tanto tiempo, especialmente porque parece haber habido una alta movilidad de la población en el territorio, además de que la variable migratoria está teniendo un peso muy fuerte en el cambio demográfico.

Posiblemente los elementos que señalo sean de mayor interés para quienes nos dedicamos a usar datos estadísticos para distintos fines. Sin embargo, si estas preguntas se contestan y aclaran debidamente, la ciudadanía en general también tendrá mayor confianza en los datos del Censo.

Allí voy al último punto que el espacio de esta columna me permitirá abordar: el Censo 2018 nos aporta datos muy valiosos sobre 14.9 millones de personas habitando en el territorio nacional y no se pueden simplemente ignorar o descalificar, especialmente porque una proporción aún significativa de esa población censada enfrenta todavía enormes desafíos básicos de desarrollo, sobre las cuales habría que actuar ya. No hay necesidad de esperar a que se termine de aclarar cuántos realmente somos en Guatemala, para enfrentar este oprobioso hecho.