Ante las tremendas usurpaciones dentro del Parque Nacional Laguna Lachuá, declarada como tal desde 1976, y siendo además declarada sitio Ramsar en el 2006, por ser un humedal de importancia mundial, y parte de la red iberoamericana de los bosques modelo, no me explico la inercia de parte de los funcionarios públicos e instituciones de gobierno en actuar desalojando a estas personas que solo buscan lucrar con nuestro patrimonio nacional. Por lo tanto, hago un llamado a Ud, Señor Presidente Jimmy Morales, para que ante esta lamentable situación declare “emergencia nacional”.

La Constitución Política de Guatemala, artículo 457, decreto 17-73, Código Penal, dice que el funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, comete delito de Omisión de Denuncia. ¿Los funcionarios públicos del Mingob, MP o PDH están conscientes de esta grave falta por omisión?

El Instituto Nacional de Bosques (Inab) es el administrador del manejo de este parque y su protección se fundamenta en el artículo 64 de la Constitución, que declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del Patrimonio Natural de la Nación. Por ende, el Inab ha procedido a denunciar estos actos ilícitos sin que hayan sido atendidos. Hay más de cien denuncias penales en el MP, como cacería furtiva, tala ilegal, extracción de especies maderables y no maderables, y aún así estas usurpaciones siguen impunes.

Si la pena que tienen estas instituciones es que un desalojo pueda ser tildado de lesionar los derechos humanos de estas personas usurpadoras, es menester que recuerden que su obligación es resguardar la soberanía del patrimonio cultural y natural y no permitir su destrucción. A tan solo 40 minutos del parque, ya se secó el río San Simón y las lagunas de Sepalau.

Por ello acudimos a Ud., Sr. Presidente, para que vele por mantener el orden y cumplimiento de nuestras leyes. Los funcionarios públicos que no actúan ante las denuncias llevan una gran responsabilidad penal. Es irrisorio decir “Antes veamos qué otras tierras están disponibles para ellos y qué servicio de comida y transporte les brindamos”. De esa forma solo propiciamos más usurpaciones, al adjudicarles tierras que después venden.

Apoyemos a Conap, que también ha denunciado esas acciones delictivas. De allí se derivan bienes y servicios ambientales tales como el agua, el oxígeno y la diversidad biológica fundamentales para la seguridad alimentaria y nutricional. En Lachuá habitan maravillosas especies de flora y fauna, y a donde llegan cientos de aves migratorias que propician el turismo, bondades que deben seguir existiendo para las presentes y futuras generaciones.

Las áreas protegidas no son negociables y menos con personas que solo buscan lucrar de ellas, destruyendo a su paso los preciados ecosistemas. Si lo permitimos, podremos pronto estar frente a otra calamidad como la de la Laguna del Tigre y en menos de lo pensado podríamos tener invasiones en el Parque Nacional Tikal, el Parque de Takalik Abaj, El Mirador, o tantísimas otras reservas naturales o parques arqueológicos a lo largo y ancho de nuestra república. Si no nos importa que nuestras áreas más preciadas caigan en manos de gente con agendas escondidas, y que no los reconozcamos como viles usurpadores de tierras, digámosle al Sr. ministro de Gobernación, al MP o a la PDH que se sigan cruzando de brazos y que sigan regalando tierras a sujetos que bien pueden pertenecer al crimen organizado.