Como muchos otros, tuve que reconocer el autoengaño de suponer que la prioridad del gobierno iba a ser rectificar los errores cometidos por su pésimo ministro de Salud e iniciar una nueva etapa con un manejo más profesional y técnico de la epidemia que permitiera tanto responder apropiadamente a la demanda de atención médica incrementada por el covid-19, como romper con la transmisión comunitaria del virus y evitar su dispersión. Eso es lo que la mente de un salubrista o de una epidemióloga hubiera concebido como lo que correspondía hacer, procediendo acorde con el conocimiento y experiencia acumulada a lo largo de la historia con el manejo de epidemias y conforme a la experiencia adquirida por otros países que manejaron con mayor éxito esta epidemia en particular.

Sin embargo, en Guatemala el asunto no fue mejorar la gestión de la epidemia, entendida ésta como contener la propagación del virus, romper la cadena de transmisión y reducir sus efectos sobre los seres humanos, sino montar una operación que, de la forma que fuera, asegurara la reanudación de la actividad económica ya sin mayores cortapisas, por la vía de sacar a la gente a la calle para que volviera a consumir, aunque no tuvieran dinero para ello. Si eso se lograba por la vía sanitariamente apropiada: —rastreo, testeo masivo y búsqueda activa de casos— o no, terminó siendo un asunto secundario.

Efectivamente, en solo 38 días desde su toma de posesión, el nuevo equipo ministerial dio el banderazo de salida para que la gente saliera a la calle; claro, a su cuenta y riesgo, e independientemente de la situación epidemiológica real del país. Datos obtenidos de la plataforma oficial indican que, entre el 19 de junio y el 27 de julio, el promedio nacional de casos fue de 854 casos/día. Peor aún, el promedio diario del período comprendido ya en la época del semáforo —27 de julio y el 24 de agosto— hasta subió un poco: 858 casos/diarios. Ciertamente, como promedio que es, no visibiliza unos días de descenso que se dieron en agosto y los bajones de fines de semana; pero las cifras del resto de días de la semana compensan el dato. Es decir, nos mantenemos en una meseta, detenida en su crecimiento únicamente por la poca capacidad de testeo, que persiste, desde el 13 de marzo, como la única estrategia consistente que ha mantenido el gobierno para “controlar” los datos de la epidemia.

Así, con un promedio nacional de 858 casos diarios, que en otras latitudes alarmarían al gobierno, acá apenas si quedan unas pocas medidas de contención: el toque de queda nocturno, que posiblemente afecta más a los dueños de bares y restaurantes que lo que contiene la transmisión del virus (que tuvo todo el día para seguir circulando entre los humanos); y la suspensión parcial todavía vigente del transporte urbano, que no necesariamente detiene la movilidad de la gente. Claro, y el absurdo de los parques cerrados, mientras se abren centros comerciales. ¡Y como no, si la verdadera consigna es levantar el consumo, no detener el virus!

Supongo que este año ya no tocarán la medida de la suspensión de clases presenciales. Eso me parece razonable. Sin embargo, a esta altura del proceso no sabemos todavía cómo se compensará a la mayor parte de los niños y niñas por la mayor precarización de su aprendizaje este año. ¿Cuál irá a ser la estrategia? ¿Aprobarlos por decreto o por default? ¡No sorprende porque lo que parece que importa es el negocio de los pupitres y la estafa del seguro médico escolar! Con esto último, por cierto, una vez más, el Ministerio de Salud queda consintiendo acciones que solo debilitan más su institucionalidad y su rectoría sectorial.