La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) dio a conocer esta semana el informe “Terrorismo judicial acecha a la prensa”, en el que señala que tanto el gobierno del presidente Alejandro Giammattei como el Organismo Judicial y el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras Argueta, favorecen un clima de intimidaciones y ataques contra los periodistas en el país. Esta entidad de prensa es la única que se ha manifestado abiertamente para denunciar el clima de violación flagrante a la libertad de expresión, derecho que garantiza la Constitución Política. Según el Observatorio de los Periodistas, de la APG, de enero a octubre de este año ha habido 105 casos de ataques y limitaciones contra comunicadores. Estos hechos confirman que el gobierno de Giammattei tiene una actitud represiva contra medios de comunicación y periodistas porque desde que tomó posesión se han registrado 389 agresiones.

Uno de los casos que ilustran la persecución a que ha estado sujeto el periodismo independiente es el acoso contra el diario elPeriódico y el encarcelamiento de su presidente, Jose Rubén Zamora; su directora financiera, Flora Silva, así como la fiscal auxiliar Samari Gómez. El objetivo es acabar con este diario a toda costa porque sus investigaciones delatan la rampante corrupción e impunidad de la alianza oficialista. Esta es una monstruosidad impulsada por Giammattei que copia el modelo empleado por la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo para aniquilar a sus críticos. El MP y el sistema judicial se han puesto al servicio de los intereses de los sectores más oscurantistas que buscan pisotear la libertad de expresión y acallar el periodismo independiente. Más aún, Giammattei y sus aliados impusieron como procurador de los Derechos Humanos a Alejandro Córdova, quien ha guardado un silencio cómplice porque, precisamente, lo eligieron para responder a los intereses del pacto de corruptos.

La APG señala que la situación de Zamora es uno de los diez casos de acoso judicial que se han conocido este año, que incluyen la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones. Menciona también los casos de los periodistas Juan Luis Font, de ConCriterio, y Michelle Mendoza, corresponsal de CNN, quienes tuvieron que salir del país debido a los ataques en su contra. Según la APG, Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, pero muestra una total indiferencia para investigar los ataques contra la prensa independiente. Señala que, este año, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, lo cual demuestra el nivel de indefensión en que se encuentra el periodismo guatemalteco.

Además de este hostigamiento, los periodistas independientes afrontan serios problemas en la cobertura de hechos noticiosos. Es notorio que autoridades y funcionarios de distinto nivel limitan el acceso a las fuentes informativas, a diferencia de los medios que se ponen de alfombra de Giammattei y sus aliados. En el Organismo Judicial, indica la APG, se ha establecido como política impedir el acceso de los reporteros a las audiencias en casos vinculados con actos de corrupción o criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y de periodistas. De esta manera, la APG evidencia cómo el 2022 fue un año negro para la profesión periodística porque el aparato estatal ha demostrado estar al servicio de los corruptos, a quienes les molesta el libre ejercicio periodístico. Esta situación no solo afecta al gremio periodístico, sino a la población guatemalteca en general porque se ve limitada en su derecho a la información debido al acoso, la intimidación y las limitaciones en que laboran los comunicadores en el país.