El altiplano occidental es la región ubicada al noroeste de Guatemala. Es un territorio indígena y minifundista, delimitado por los departamentos de Totonicapán, Sololá, Izabal, parte de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Baja y Alta Verapaz, en el que 124 municipios fueron afectados por los desbordes de los ríos Cahabón y el Oxec, debido a las fuertes lluvias provocadas por las tormentas Eta e Iota.

Pero fue en la región de los chortís, en el oriente de Guatemala, en los municipios de Jocotán y Camotán, donde se vieron seriamente afectados por los desbordes e inundaciones, creando un caos regional en zonas subdesarrolladas, afectando la vida útil.

Fueron las “comunidades rurales las que sufrieron el arrasador paso de los huracanes, los cuales dejaron, junto con Honduras, unos 200 muertos, decenas de desaparecidos, miles de desplazados, así como la destrucción de viviendas, puentes, carreteras, cultivos, y fábricas (BBC).

El territorio de Guatemala se conforma en tres regiones o vertientes hidrográficas. Cada una se subdivide en cuencas, contando a nivel nacional con 38. La mayor parte del territorio se sitúa dentro de estas subcuencas, donde se han presentado desbordes de ríos e inundaciones y un caos regional en zonas subdesarrolladas.

Se deberá hacer un reordenamiento territorial que proteja los nuevos desarrollos fuera de zonas de riesgo regional. Se deberá realizar un urbanismo espacial abierto sobre terrenos protegidos por los desbordes de los ríos regionales, entre vegetaciones, evitando las aglomeraciones y protegiendo los contagios de sus habitantes. Debe ser necesario tomar como referencia las cuencas hidrográficas y los servicios básicos, como agua, electricidad, drenajes y accesos. En Guatemala, existe un gran déficit de vivienda digna, con grandes índices de pobreza y pobreza extrema, más aún en las zonas afectadas por lo que deberá realizarse un urbanismo espacial abierto, sobre terrenos protegidos por los desbordes de los ríos regionales.

Por lo tanto, se deberá realizar un plan de restauración sobre las bases de un nuevo urbanismo, con una planificación-físico espacial, en donde cualquier propuesta debe encauzarse en estudios técnicos, dentro las políticas de “ciudades más seguras, resilientes y sostenibles capaces de enfrentar la crisis” (CGLU) que, en síntesis, sería en general una política futura.

A la par, se deberá evaluar la cuarentena domiciliaria, que ha venido a afectar a las personas, que de repente sus viviendas se han convertido en lugar de permanencia obligada, lo que significa tener una vivienda ventilada y organizada para desarrollar un trabajo en base a la digitalización y el teletrabajo. Por lo que la política urbana y arquitectónica, tal como la hemos conocido desde antes de esta pandemia, ya no es viable por las condiciones de riesgo y el nivel de hacinamiento que genera la contaminación y promueve el virus.

Será, entonces, un gran reto acabar con las distintas vulnerabilidades urbanas, residenciales, socioeconómicas; pues existe el riesgo por los desplazamientos de los habitantes que viven en la pobreza y extrema pobreza, con un alto grado de vulnerabilidad en la salud y la desnutrición. Son los pueblos indígenas y campesinos la población más afectada, por lo que sería el Ministerio de Comunicaciones quien brinde a esas familias una solución habitacional con una organización con los principios territoriales actuales anteriormente mencionados.