SIN FRONTERAS

Tío Sam y las responsabilidades compartidas

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Andaba por ahí en un acto público el vicepresidente Cabrera, cuando periodistas aprovecharon para preguntarle sobre el propósito de la visita que realizaría ese mismo día al país el recién nombrado secretario interino de seguridad interna estadounidense, Chad Wolf. Una visita oficial, por cierto, de un secretario del gabinete de Trump. “No sé”, fue la respuesta que dio Cabrera a los reporteros. Parece que se la terminó quitando recordándoles que este es un asunto de relaciones internacionales y que, por tanto, la fuente sería el ministerio del exterior. Prosiguieron, entonces, los oficiosos periodistas en su indagación, pero no con mejor suerte. Al consultarle a la Cancillería, la respuesta que obtuvieron fue que allí también desconocían detalles de la agenda, que tampoco sabían precisamente a qué venía Wolf, pues el viaje era relativo a los acuerdos interinstitucionales firmados entre los ministerios de seguridad de ambos países. Le aventaron la pregunta, entonces, a don Degenhart. Este último jamás atendió las llamadas de la prensa. No respondió a la ciudadanía guatemalteca a qué venía Wolf, sino hasta que Wolf ya estaba aquí. Ahí, sentado a su par, con las manos sobre la mesa.

' Los altos funcionarios del gobierno guatemalteco desconocen a qué viene su contraparte estadounidense.

Pedro Pablo Solares

Esta última muestra de actitud evasiva por parte del Ejecutivo nos lleva a preguntarnos si el silencio es la simple continuidad de la estrategia de oscuridad que ha reinado en materia internacional durante la gestión de Morales, o si, efectivamente, los altos funcionarios del gobierno guatemalteco desconocen a qué viene su contraparte estadounidense, incluso mostrando que no tienen respuesta clara o inteligente el mismo día en que el funcionario extranjero aterriza en nuestro aeropuerto. Si aún creemos que vivimos en una república mínimamente funcional, esta última hipótesis habría de preocuparnos, pues dejaría en evidencia nuestro grado de renuncia en las decisiones de seguridad que nos afectan, y el nivel de responsabilidad que tienen las decisiones tomadas en idioma inglés sobre lo que sucede adentro de nuestro territorio y lo qué afectará a la población que lo habita. Independientemente de cuál caso sea más cierto, no podemos dejar que la conclusión sea la vana excusa de quien obtusamente justifica esta indigna posición con la disparidad existente entre nuestro pequeño país y la gran potencia mundial. Habría, en cambio, que insistir en indagar si quienes ocupan las sillas de liderazgo nacional realmente están perdiendo las batallas, o si acaso no están en flagrante concordancia de intereses con la administración estadounidense, que ha sido tan notoriamente contraria a los intereses nacionales.

Frecuentemente, cuando se comenta sobre las duras políticas estadounidenses contra los centroamericanos, no falta quien trata de justificarlas con el vano y ciego argumento de que “los países —incluyendo EE. UU.— tienen derecho de administrar su seguridad interna”; y que “es el norte centroamericano quien debiera cambiar para evitar su numeroso éxodo”. Y es vacío el argumento, pues tiende a ignorar el incalculable dominio que ha tenido y que tiene EE. UU. en tantas regiones del mundo, incluyendo la nuestra. Una influencia que aquí pasa —entre tanto más— por tomas de tierras masivas; que pasó por la fulminación de nuestra Primavera Democrática; que pasó por su participación en la masacre de los pueblos rurales, que originó desplazamientos masivos, que a su vez originaron nuestra diáspora en su país. Un dominio que continúa con episodios diplomáticos como el de esta semana. En la mínima sensatez estos debieran conducirnos a reconocer que el éxodo forzado centroamericano es un problema, cuando menos, de responsabilidad compartida. Al fin, aquí ¿quién pone las manos sobre la mesa? Pregunto eso porque bastante evidente quién dicta la agenda del día.

ESCRITO POR:

Pedro Pablo Solares

Especialista en migración de guatemaltecos en Estados Unidos. Creador de redes de contacto con comunidades migrantes, asesor para proyectos de aplicación pública y privada. Abogado de formación.