Cuando el Ministerio de Salud anunció que había negociado todas las dosis de vacuna Sputnik V que necesitamos para cubrir al 70% de la población, yo me alegré, pues, sabiendo de la dificultad de acceso a vacunas que había en el mercado global, parecía razonable que, si se había encontrado proveedor, se aprovechara para asegurar toda la vacuna que necesitábamos. Repito, desde el punto de vista de salud pública, parecía razonable. Sin embargo, pareciera que no lo era tanto desde la perspectiva de la administración pública transparente.

La primera señal de alarma fue que el contrato no contemplara un cronograma de entrega de la vacuna; parece algo tan básico y obvio. Pero deja de serlo cuando pagamos ya por un bien que no tenemos, y que ha convertido este proceso en un justificado detonante de inconformidad. Según pude leer del contrato que circula ahora en redes, el proveedor tiene hasta 6 meses de plazo para entregar el producto. Es decir, podrían entregar los 7.65 millones de dosis restantes de lo ya pagado hasta fin de año, que no estarían incumpliendo. ¿En qué cabeza cabe haber aceptado algo así, sabiendo la urgencia que tenemos de acelerar y masificar la vacunación?

La segunda señal es que la compra se hiciera por medio de una empresa, que fungió como intermediaria, cuando la ley de vacuna covid-19 -ley del cheque en blanco- se justificó y se aprobó a partir de la premisa expresa de que no se iba a comprar vacuna con intermediarios. Algunos plantean que dicha empresa es parte del gobierno ruso, razón por la cual no se habría violado la ley. Será ahora, en otra instancia, que se determine el asunto, cuando este hecho, de no ser así, se pudo aclarar con el Minfin y la Contraloría General de Cuentas (CGN) y hasta con el Congreso, durante el proceso de negociación.

La tercera señal fue observar que el contrato lo hubiera firmado la ministra de Salud, aun y cuando era este un contrato internacional, por un monto tan importante de recursos -US$80 millones- a entregar por adelantado, además, y sin tener mayor información sobre la programación de las entregas. Hasta donde es mi entender, este tipo de procesos, aun estando amparados en una ley específica, involucran un fuerte papel del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Cancillería y no solo de la unidad ejecutora específica, en este caso, de la cartera de Salud. Finanzas administra los recursos públicos, vela por su buen uso y, además, tiene mucha experiencia en procesos de compra. Y la Cancillería, porque los únicos representantes del Estado de Guatemala en el exterior son el presidente, como jefe de Estado, y el canciller, en su representación, especialmente en una negociación con otro gobierno. Hubiera sido razonable esperar, en todo caso, que la ministra fuese facultada expresamente, y por escrito, para firmar en nombre del Estado con una entidad externa, y que todo esté contenido en un expediente que incluye opiniones técnicas y dictámenes jurídicos de las instancias involucradas, y de la Presidencia misma, dada la importancia de la compra.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) pudo conocer el expediente antes -no para avalar, sino para verificar que los dictámenes van conforme a ley-, así como la CGC, en un proceso de acompañamiento preventivo a un proceso delicado y complejo. Al momento, no parece que se hubiera llevado a cabo un proceso así, aunque espero sinceramente equivocarme, y que dicho expediente exista y permita a la ministra Flores esclarecer la situación y mostrarnos nuestro error, o bien, explicar qué fue lo que verdaderamente pasó y quiénes están detrás de una compra monumental, que nos tiene, de todas maneras, sin vacunas.