La retorcida agenda de la fiscal general, Consuelo Porras, contra la Cicig y quienes han investigado casos de corrupción escaló hasta un conflicto internacional totalmente innecesario. Por medio del fiscal Rafael Curruchiche, Porras le dio vuelta al caso Odebrecht para que ahora ya no sean perseguidos los responsables de la estafa, sino los investigadores, entre ellos Iván Velásquez, excomisionado de la Cicig, a quien señala de haber formado parte de una “estructura criminal que operó por años en Guatemala” y que habría favorecido a la empresa brasileña. No, no es solo Curruchiche, Porras ha dicho en reiteradas ocasiones que nada sale del MP sin su visto bueno. El pequeño error de cálculo de la fiscal general es que, para complacer al pacto de corruptos que busca vengarse de la labor de la Cicig, tachó de criminal a quien ahora es ministro de la Defensa de Colombia y uno de los funcionarios más cercanos del presidente Gustavo Petro.

Era lógico que el mandatario colombiano saliera en defensa de Velásquez. ¿Fue desproporcionado que llamara a consultas a su embajadora y dijera que estaba dispuesto a romper relaciones con Guatemala? No. Él sabe la calaña que gobierna nuestro país. A nivel internacional, la imagen del presidente Alejandro Giammattei está por los suelos porque se sabe sobre los vínculos que tiene con mafias, con la clase política más corrupta del país y que es el poder detrás de las siniestras operaciones de la fiscal general. No es solo la información periodística que trasciende las fronteras, sino los informes de embajadores acreditados aquí los que permiten que se conozca sobre la estructura mafiosa que impera en Guatemala. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que Porras y Curruchiche son agentes corruptos que han desbaratado casos de corrupción de alto impacto. Entonces, no hay pierde para entender de dónde procede la persecución contra Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana.

Petro no se anduvo con rodeos al recordar que Velásquez desmanteló decenas de estructuras de corrupción y se enfrentó a los poderes políticos, económicos y criminales de Guatemala. Por eso dijo que los delincuentes reaccionan y ahora van tras alguien que trabajó con transparencia y honestidad. Lo dicho por el mandatario colombiano fue acuerpado por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, quien se mostró preocupado por la persecución contra quienes desde la Cicig trabajaron contra la corrupción. Ninguna de estas reacciones hizo entrar en razón a Giammattei y guardar distancia del MP. Al contrario, dirigió un ataque visceral contra el mandatario colombiano, a quien calificó de “guerrillero” y que ha sido “perseguido y traficante”. En dos platos: le dijo criminal. Es difícil entender cómo Giammattei pide cordura y que la situación se canalice por la vía diplomática, cuando en lugar de tomar el asunto con calma se lanzó a la yugular de Petro.

Tras esta lamentable situación, lo que se observa es que Porras ha desviado el caso Odebrecht para no tocar a los verdaderos culpables. El MP no ha avanzado en las pesquisas contra los 108 diputados sobornados por Odebrecht para que aprobaran el proyecto de US$399 millones. Tampoco camina la persecución contra Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, pese a las contundentes pruebas en contra de estos. Al contrario, los corruptos ahora se convierten en acusadores. Por ejemplo, Baldizón, que habría recibido US$1.3 millones de Odebrecht para financiar su campaña política, ahora busca convertirse en querellante adhesivo en la investigación sobre supuestas irregularidades en el acuerdo de colaboración eficaz de directivos de la firma brasileña. Entonces vemos cómo tras el sainete de Porras lo que existe es toda una maniobra para favorecer a los verdaderos implicados en la estafa.