Cuando vivíamos la dictadura de Ríos Montt y se planteaba la necesidad de retornar a la institucionalidad democrática se dispuso la creación del Tribunal Supremo Electoral, la integración de este ente fue de tal calidad que garantizó orden y generó confianza.

Nombres como Arturo Herbruger Asturias (quien había sido defenestrado en el gobierno de Arbenz por haber otorgado un amparo), Justo Rufino Morales, Manuel Ruano Mejía, Gonzalo Menéndez de la Riva, pudieron marcar la diferencia, además Mario Roberto Guerra Roldán en el Registro de Ciudadanos garantizó producir un nuevo padrón electoral. Nuestro país realizaba fraudes electorales como políticas públicas y así Laugerud en 1974, Lucas en 1978 y Guevara en 1982 habían “vencido” en procesos viciados. La composición del primer tribunal electoral obedeció a una Comisión de Postulación integrada por la academia y un representante de la asamblea de Colegios Profesionales. La experiencia del Tribunal Supremo Electoral se constitucionalizó y se estimó que era oportuna repetir la experiencia. La única Comisión de Postulación mencionada en el texto original de la Constitución fue para integrar parte de la Corte Suprema de Justicia. De nueve magistrados, 4 eran electos de forma directa por el Congreso y los restantes 5 de una Comisión de Postulación integrada por cada uno de los decanos de derecho, un número equivalente electo por la asamblea del Colegio de Abogados y un representante nombrado por la Corte Suprema de Justicia que proponía 30 candidatos. Por otra parte, en cuanto a gobierno corporativo, el texto constitucional original solo establece las cuotas a grupos de poder dentro de la Junta Monetaria (presidente del Banguat, ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, uno electo por el Congreso, uno electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, otro electo por los presidentes de los consejos de administración de los bancos nacionales y el último por la Universidad de San Carlos). Acá el Cacif, los bancos y la Usac entraron al juego y continúan en la misma posición. En 1993 y 1994 se reformó la constitución, pero se establecieron Comisiones de Postulación u órganos corporativos temporales para proponer la elección de toda la Corte Suprema de Justicia, todos los magistrados de la Corte de Apelaciones, el Fiscal General y el Contralor General de Cuentas, así fue como se pervirtió el sistema. A la fecha han proliferado universidades privadas sin ningún control y con cuotas de poder, siendo grave que el modelo corporativo por ley ordinaria también se llevó a decenas de instituciones, entre ellas, Instituto de la Defensa Pública Penal, Registro de Información Catastral, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el FHA, Tribunal Electoral del Deporte Federado, Registro Nacional de las Personas, entre muchas otras. Este corporativismo a estas alturas ha resultado nocivo para la madurez institucional porque no hay ninguna rendición de cuentas de lo que hace la Usac, las universidades privadas, los Colegios Profesionales y la única organización empresarial que es el Cacif, así se reparten las sillas y los poderes pero se diluye la responsabilidad política y si a esto le agregamos que los partidos políticos saben y aceptan que son efímeros y que deben llegar al poder para que en 4 años ciertos dirigentes puedan abrir cuentas monstruosas en Euros y Dólares, el panorama es más complicado. En lo personal conozco a muy poca gente que aún defiende a las comisiones de postulación y la forma de designación de Magistrados al Tribunal Constitucional. Para empezar a descorporativizar el país debemos empujar que no exista ya ninguna nueva ley ordinaria que otorgue cuotas de poder a universidades, colegios profesionales y el Cacif porque ninguno está para gobernar y por supuesto empujar reformas en las normas existentes para ir dejando, para una reforma constitucional, las residuales que estarían en la Constitución.