Guatemala comenzó en 1984 su proceso de transición a la democracia, desde la firma de los acuerdos de paz se habla de su consolidación democrática porque a partir de ese momento todas las expresiones políticas tuvieron representación electoral. De 1954 a 1985 se utilizaron “herramientas legales” para tachar opositores, pero también para limitar el actuar de jueces y magistrados que a lo largo de la historia han dado lecciones de rectitud e independencia. Debemos entender que vivimos una dinámica histórica, en donde el poder se ejerció por años de forma abusiva, y a la fecha muchos que ahora detentan posiciones privilegiadas pretenden seguir por esa vía.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico abordó lo relativo a la denegación de justicia estructural y dijo algo que ahora cae como anillo al dedo: “2632. Todo Estado tiene el deber de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y de organizar, en función del cumplimiento de este deber, el aparato gubernamental… 2635… (en) numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directamente subordinados al Poder Ejecutivo, aplicando normas y disposiciones contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que correspondían. 2635. Todo ello colocó a la población en una situación de absoluta indefensión a los abusos del poder y le ha hecho percibir al Organismo Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos, que ha reprimido y negado protección de los derechos fundamentales, especialmente de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

Señalado el Poder Judicial como cómplice silencioso de las graves violaciones a los derechos humanos, una justicia para la paz debe basarse en el respeto irrestricto a la independencia judicial y a una verdadera carrera judicial, porque si no lo logramos no existirán límites al poder.

Todo el andamiaje administrativo en el OJ debe girar en función de garantizar a los jueces y magistrados su independencia, pero, sobre todo, que las partes no puedan —al ejercer posiciones de poder— chantajear fallos próximos o pasar facturas sobre lo resuelto. Por ello es una tristeza que la Corte de Constitucionalidad de un plumazo en una terrible sentencia haya enterrado la carrera judicial en sentido contrario al texto constitucional. Esperemos que ese criterio quede solo como documento histórico, superándose en el futuro.
En estos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido señalado como quien, en el ejercicio de su cargo, contrató a una persona para brindar seguridad a los jueces y esa persona, en vez de hacer su función, los amedrentaba. Por si fuera poco, también se le imputa instalar personas no aptas para resguardar archivos, lo cual es fundamental para garantizar el acceso a la información pública y nuevos procesos judiciales.

Tras cada golpe de Estado siempre existieron abogados ávidos de brindar servicios para “legitimar el cuartelazo”. Hoy, en pleno siglo 21, vemos decisiones que muestran un claro retroceso en la administración del poder judicial y lo más grave es que la mayoría de magistrados de la más alta corte son copartícipes de la debacle. El magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel engalana las páginas de la historia como un presidente de Corte represivo, al llegar al extremo de denunciar a Claudia Samayoa y José Martínez, ambos defensores de derechos humanos, por hechos más que absurdos pero que muestran autoritarismo desde el estrado judicial.
El presidente de la Corte tiene el aval del Congreso y el Ejecutivo para actuar de forma impune y abusiva, así que hace méritos para buscar una eventual reelección. Lo triste es que la represión proviene desde dentro del sistema judicial.