Hablar de turismo en Huehuetenango, San Marcos, Quiché o incluso Alta Verapaz, que tienen una oferta gastronómica y de aventura excelente, se vuelve complicado para muchos operadores. Saben del tiempo que les toma a las personas llegar por el mal estado de las carreteras y caminos rurales, con lo cual muchas veces prefieren no ofrecer esos destinos. Los productos agrícolas de esos departamentos también han perdido competitividad, al quedarse fuera de las cadenas de valor, por la falta de vías de acceso más eficientes.

Este es el país en el que nos hemos convertido, una economía que solo invierte el 1% del PIB en infraestructura pública y de los países con menos metros de red vial por habitante, el peor de Centroamérica. Guatemala tiene un metro de infraestructura vial por habitante, mientras países como Estados Unidos tienen 20 metros, Japón nueve metros, Costa Rica 8.7 metros, China con una población mucho mayor, ha logrado llevar su infraestructura vial a cuatro metros por habitante, El Salvador 2.4 metros. ¿Y qué decir de la calidad de la infraestructura vial? solo hay que transitar las carreteras que conectan cualquiera de las ciudades intermedias, para darnos cuenta del pésimo estado en que se encuentran.

Por ello el Congreso de la República tiene este año una gran oportunidad para transformar el marco jurídico y aprobar la ley general de infraestructura vial, que podría impulsar más de 70 mil nuevos empleos directos al año, así como una inversión de casi US$1 mil millones al año durante los próximos 15 años. En los últimos siete años no se ha logrado construir ningún kilómetro adicional de infraestructura vial, dejando al Organismo Ejecutivo con proyectos de mantenimiento de tramos muy pequeños. Con la aprobación de la ley, el próximo Gobierno tendría la oportunidad de construir más de tres mil kilómetros nuevos de carreteras y caminos rurales.

Esto gracias a un nuevo marco jurídico en el Ministerio de Comunicaciones a través de la creación de un órgano técnico como la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), que además dotaría de más recursos a la división general de Caminos y un mecanismo de contratación que elimina la corrupción, ya que el Estado no pagaría ni un centavo hasta que la carretera este construida. Esta innovación legal podría transformar a Guatemala, como lo han hecho en su momento países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Chile, México y muchos países europeos.

La ley general de infraestructura vial plantea una solución de fondo al problema de carreteras y caminos rurales en el país. Recordemos que casi 60% de las vías de infraestructura son de terracería. Con esta iniciativa podríamos pasar de 16,457 kilómetros de infraestructura vial a 37,952 kilómetros en los próximos 15 años. El beneficio para la economía y el crecimiento del PIB se estima en que el país podría comenzar a crecer por encima del 5% anual durante el próximo Gobierno.

¿Y los caminos rurales? con la aprobación de dicha normativa se podrían construir más de 18 mil kilómetros de caminos rurales para conectar a comunidades que hoy están aisladas, ayudando a miles de agricultores a acercar sus parcelas a las carreteras y con ello ganar más acceso a mercados, reduciendo así el tiempo de rotación de los contenedores.

Guatemala es un país pequeño, con una población que cada vez es más urbana. El desarrollo que necesitamos implica poder conectar a las ciudades para que las personas, productos y servicios estén en su destino en el menor tiempo posible, con más y mejores carreteras podemos lograrlo.