La posible cancelación del Frente de Convergencia Nacional (FCN) deja ver el nivel de corrupción que existe en el sistema de partidos políticos, porque no es el único que afronta esta situación. Pero lo es más para esta agrupación porque evidencia el desgaste que afronta el presidente Jimmy Morales. Bien lo dijo Iván Velásquez: el financiamiento electoral ilícito es como un cáncer que corroe la democracia, socava el estado de Derecho y distorsiona la voluntad popular expresada en el voto. Cuando era candidato, Morales se vendió como un político diferente, ni corrupto ni ladrón, pero en las sombras seguía con las mismas mañas de recibir fondos del gran empresariado, sin reportarlo. Aunque el mandatario ha estado a salvo porque la alianza oficialista en el Congreso no permitió que fuera investigado, a partir del 14 de enero ya no tendrá inmunidad. Entonces, dependerá de la voluntad de la jefa del Ministerio Público (MP) si actúa como corresponde o sigue en calidad de vigilante contra un civil que acumulará dos procesos por el mencionado delito.

Según el presidente Morales, la persecución contra él y su partido es espuria porque proviene de los malvados Velásquez y Thelma Aldana. Sin embargo, esos argumentos se caen por su propio peso porque la voz de alarma la dio el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que el FCN entregaba informes financieros incompletos y a partir del 2015 simplemente dejó de hacerlo. Las irregularidades fueron informadas por el TSE al MP, lo cual permitió detectar delitos atribuibles al secretario general del partido en ese entonces, Jimmy Morales. Al respecto, InSight Crime informa que cuando ya era presidente Morales seguía firmando cheques de las cuentas del FCN, lo cual tenía prohibido luego de haber asumido ese cargo. El partido mantuvo cuentas de campaña abiertas hasta octubre del 2016, cuando debió cerrarlas en abril de ese año. El TSE ignoraba el origen de cerca del 90 por ciento de los fondos utilizados por el partido.

¿Por qué Jimmy Morales manejó en secreto los fondos que recibía? InSight Crime señala cuatro fuentes de procedencia del financiamiento electoral ilícito a Morales y el FCN, a partir del 2015: a) grandes empresarios que regularmente se cobran con influencia en el gobierno, b) grupos corporativos de iglesias evangélicas con los que estaban relacionados, c) militares que vieron en el FCN una forma de contener las acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos, d) del crimen organizado, como es el caso del narcotraficante Marlon Monroy Meoño, alias el Fantasma, quien dijo que entregó US$500 mil para la campaña proselitista a Jafeth Ernesto Cabrera Cortez, hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera. Como se ve, el objetivo habría sido ocultar el origen de los fondos porque significaba un evidente compromiso del FCN con quienes le habían soltado la plata.

Ahora no puede venir Jimmy Morales con vestido de primera comunión a hacerse la víctima y decir que todo fue una conspiración de Velásquez y Aldana, porque hasta sus amigos empresarios reconocieron el financiamiento electoral ilícito. En efecto, la resolución del Registro de Ciudadanos que cancela el FCN se basa principalmente en las declaraciones de las empresarias Paulina Paiz y Olga Méndez en el Juzgado de Mayor Riesgo D. Ellas reconocieron que un grupo de empresarios acordaron financiar al partido de Morales. Ese mismo grupo, entre industriales, banqueros y azucareros, ofreció disculpas por sus “errores” que permitieron el financiamiento electoral ilícito. Si sus financistas admitieron que incurrieron en el delito, lo más correcto es que el presidente Morales también haga lo mismo. Pero eso es pedirle peras al olmo, porque para ello se necesitaría que tuviera los pantalones bien puestos.