La diferencia entre aprovechar una oportunidad y columpiarse —en la jerga guatemalense— trae implícito respetar el derecho de los demás.

Con el fin de darnos ánimo ante las restricciones impuestas por la pandemia del covid-19, por los medios de comunicación que la tecnología ofrece circulan frases como: “Ante las circunstancias debemos reinventarnos”, “Nada volverá a ser igual que antes”, “La crisis no hay que verla como un problema, sino como una oportunidad”. Así, cada uno de nosotros, simples mortales, trata por todos los medios de mantener la cabeza fuera del agua, sin encontrar la manera de aplicar aquellas estimulantes frases llenas de motivación, a fin de no ahogarnos.

En contraposición, hay un pequeño grupo de ciudadanos que tuvo claro que el trabajo no era opción para alcanzar el nivel de vida deseado, fuera por los riesgos implícitos o por carecer de la formación necesaria para emprender un negocio propio. Por lo que, ante la imagen forjada durante los últimos años por quienes han desempeñado cargos públicos y han salido rápidamente del anonimato económico haciendo mangas y capirotes de la administración pública, decidieron apostar su futuro por la vía política. Con esfuerzo continuo, oportuna inversión y visión a largo plazo incursionaron en un comité o partido político para alcanzar un puesto por elección popular o, al menos, figurar en la lista de los allegados a quienes lo alcanzaran, para luego ser recompensados con un cargo en la Administración Pública… no por tener vocación de servicio, conocimientos adecuados y específicos para engrandecer la Patria o un simple sentido cívico. No. No lo tienen. Pero cuentan con que la solidaridad grupal trae implícito el hecho de que amor con amor se paga.

Cada cuatro años, el espectáculo eleccionario se repite y aparecen nuevos rostros que llegan a ocupar los cargos dejados por la camada anterior, ahora transformada en exitosa empresaria, forjada a costas del Presupuesto General de Gastos de la Nación. En condiciones normales, los impuestos de los guatemaltecos dan para crear nuevos millonarios, en detrimento de la educación, infraestructura, vivienda popular, seguridad ciudadana, sistema de transporte público y servicios de salud para el resto de la población, sin que a político alguno le interese atender esas básicas necesidades consignadas en nuestra constitución política.

En marzo, la aparición del covid-19 puso en evidencia la inveterada incapacidad del Estado para enfrentar una emergencia, ofreciendo una inesperada oportunidad a los funcionarios que asumieron sus cargos el 14En2020. No supieron manejar el incremento presupuestario aprobado para hacerle frente, particularmente en el frágil sistema de salud, en donde médicos y personal sanitario han dado muestra de entrega, llevando el juramento hipocrático al extremo, ofrendando su vida por salvar la vida de los demás. En cambio, funcionarios de los tres poderes del Estado, ante las mismas circunstancias, optaron por su beneficio personal, echando mano, con argucia y desfachatez, del dinero destinado a la atención de la salud del pueblo.

Los hospitales privados, autocalificados Tipo A y B, tampoco se quedaron atrás. Algunos sencillamente no aceptan pacientes infectados por covid-19. En otros, los pacientes con o sin seguro deben hacer un depósito de Q50,000 para ingresar a habitación normal; para cuidado crítico el depósito es de Q100,000.

El hospital militar se niega a recibir civiles. ¿Cómo así? ¿Acaso el Ejército desconoce su calidad de institución pública que funciona y se mantiene de los impuestos de los ciudadanos?

Una cosa es Juan Domínguez y otra, no me chínguez. El pueblo lo sabe. ¿Cómo hacerlo entender a sus empleados recién estrenados?