Llegó junio, y con ello los guatemaltecos nos alistamos para participar en una de las fiestas cívicas más importantes, las elecciones generales del 2019. Uno de los procesos electorales más confusos de la historia. Con decir que la página web de la máxima autoridad en materia electoral todavía no define claro qué candidatos van a estar en las papeletas y cómo se forma cada uno de los listados de los diferentes partidos políticos.

Aunado a ello, sabemos muy poco de los equipos de quienes podrían llegar a la primera magistratura y de los propios candidatos. La mayoría de la información gira alrededor de los presidenciables y vicepresidenciables, cuando la historia nos ha demostrado que muchos de los cambios se pueden lograr desde el Congreso y en la capacidad de quienes ostentan el poder en las alcaldías.

Lo ocurrido en los últimos años nos demuestra que los cambios institucionales que requiere nuestro país no han logrado ser aprobados, precisamente porque quienes ocupan varias de las curules dentro del Legislativo no tienen idea de por qué son importantes o cuál es la incidencia real de sus decisiones. Es más, la fragmentación de los diferentes partidos políticos, donde se prevé un Congreso dividido con más de veinte partidos políticos representados, cualquiera que aspire a ser presidente debe estar dispuesto a negociar, bajo principios claros, cuáles son aquellos temas a los que quiere dar prioridad y cómo trabajar con diferentes visiones e intereses para generar acuerdos que permitan al país mayor prosperidad.

Necesitamos informarnos más sobre quiénes son los candidatos, cuál ha sido su experiencia, ya sea en el ámbito público o privado, y por qué dicen tener las características idóneas para el puesto al que están compitiendo. Las prioridades del país requieren experiencia. Varios centros de investigación y expertos concuerdan que están relacionadas a temas sobre cómo aumentar el desarrollo humano —incluyendo reducir la desnutrición crónica, mejorar la calidad educativa y la cobertura en salud—, mayor seguridad y justicia, infraestructura productiva y continuar fortaleciendo nuestras instituciones.

Tenemos que ser capaces de exigirle a los partidos políticos a que presenten quiénes son sus candidatos, cuáles han sido sus logros más importantes y que definan claramente cómo piensan, en tan solo cuatro años, generar acuerdos políticos hacia solventar las reformas estructurales y las iniciativas de ley que requiere Guatemala parar lograr mayor desarrollo.

Las acciones ejecutivas dentro del marco jurídico establecido son importantes para facilitar los procesos que permitan a los guatemaltecos mejores oportunidades. Si bien no todo se trata de reformas legislativas, los cambios institucionales que debe aprobar el Congreso son críticos en estos momentos. Recordemos que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. La Constitución Política de la República delimita a los funcionarios como depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, estableciendo también que la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley.

Reflexionemos bien nuestro voto y elijamos a las personas mejor preparadas para asumir sus cargos. Es la única herramienta que tenemos para definir a quiénes queremos otorgarles el poder de tomar las decisiones difíciles y de ello dependerá el rumbo que pueda tomar nuestro país durante los próximos cuatro años.