La fiscal general, Consuelo Porras, se ha ganado a pulso su inclusión en la lista del Departamento de Estado, de EE. UU., de actores corruptos y no democráticos. Su historia pudo ser diferente. Ella tuvo la oportunidad de desarrollar un papel brillante al servicio de la investigación penal porque sus predecesoras, Claudia Paz y Thelma Aldana, le habían allanado el camino. La figura valiente de una mujer al frente del Ministerio Público (MP) se entendía como un sinónimo de combate de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, Porras decidió convertirse en una funcionaria servil a los designios y berrinches, primero, del presidente Jimmy Morales, y luego del mandatario Alejandro Giammattei. No solo ha protegido los intereses de estos gobernantes, sino de quienes conforman el Pacto de Corruptos. Desmanteló las estructuras de la Fiscalía General que daban buenos resultados contra la corrupción y la impunidad, emprendió una cacería contra los fiscales molestos para las mafias y se lanzó contra los jueces probos.

El caso más reciente es la persecución contra Érika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, quien se ha identificado como una juzgadora íntegra. Por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Porras enderezó solicitudes de antejuicio contra Aifán, algo que ha sido calificado por el Departamento de Estado como “un esfuerzo flagrante para obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los más altos tribunales de Guatemala”. La cólera de Porras se debió a que Aifán solicitó al jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP investigar a la fiscal María José Reynoso, por haberse negado a enviarle información al juzgado sobre la supuesta filtración de información del despacho de la fiscal general. Entonces, Porras no solo obstruyó la investigación, sino que utilizó al MP para vengarse de una jueza que busca resolver un caso de corrupción que involucra a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda.

Aunque ya había serias dudas, como la distancia que guardó con Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, Porras se desenmascaró cuando despidió a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien llevaba casos de impacto, entre ellos contra el presidente Giammattei. A partir de entonces, ya no quedaron dudas de que la fiscal general servía a los intereses más oscuros. ¿A cuenta de qué Porras participa en conferencias de prensa de Giammattei y tiene “citas de trabajo” con este, se reúne con el ministro Gendri Reyes, le hace los mandados a la Fundación contra el Terrorismo, recibe reconocimientos del Cacif y pide revocar la orden de captura contra Julio Ligorría, involucrado en el caso Construcción y corrupción, cuando sobre estos hay casos que deben ser investigados penalmente? Por eso es muy apropiada la designación del Departamento de Estado de EE. UU., porque no hay otra forma de decirlo: Consuelo Porras es una fiscal al servicio de la corrupción.

Es importante tener claro el vergonzoso papel que juega Porras al frente del Ministerio Público porque ya comenzó el proceso de elección de nuevo fiscal general. Porras deberá dejar el cargo el 16 de mayo, pero se sabe que está interesada en su reelección. Esa sería una de las razones por las que se ha puesto de alfombra del Pacto de Corruptos. Porras se siente confiada en su posible reelección porque el presidente Giammattei la ha llamado su amiga, cuando en realidad solo la utiliza para mantener el control del MP. Lo peor que le podría pasar al país es que Porras continúe otros cuatro años como jefa del Ministerio Público. Eso profundizaría la cooptación de la investigación penal y estaría muy a tono con los magistrados venales de la Corte Suprema de Justicia, que también están al servicio de intereses mezquinos.