La formación personal de cada uno siempre influye en su toma de decisiones. No todo es blanco o negro porque existe una gran variedad de grises entre ambos extremos. En algunos casos los extremos y todas las tonalidades intermedias pueden ser bien definidos. Sin embargo, no ocurre en las situaciones legales donde la interpretación personal a cada uno complica el proceso de toma de decisión.

Las leyes se escriben en blanco y negro con un espíritu de favorecer a la mayoría y proteger al débil. A pesar de ello, el exceso de judicialización que el TSE y las cortes han permitido en el actual proceso de elecciones 2023 lo ha cubierto todo con un velo de incertidumbre. La situación es tal que cualquier fallo es cuestionado por todas las partes presentando interpretaciones particulares de diferentes profesionales de leyes. Todas son válidas, bajo su propio punto de vista particular, ya que ninguna ley es completa y absoluta, sino que dejan lagunas sujetas a interpretaciones opuestas que incluso llegan a contradecir el espíritu de las leyes.

Todos estamos confundidos, ya que, por un lado, está un MP persiguiendo a través de la Feci los errores cometidos por el TSE y por varios partidos políticos de la oposición, cuando es responsabilidad de la Fiscalía de Delitos Electorales. Por las irregularidades detectadas, busca la cancelación de un partido e incluso despojar de su inmunidad al candidato vencedor. Incluso la JD del Congreso actuó apresuradamente y tuvo que retractarse. ¿Acaso no se puede solicitar una actualización de las firmas? Por el otro lado está el deseo expreso de la población manifestado a través de su voto, que debe ser respetado. Y finalmente están las acciones promovidas por el actual gobierno para facilitar la transición. Ante todo esto, uno se pregunta si el mismo gobierno ha felicitado a los ganadores y está realizando la transición, ¿por qué el MP persiste con sus intentos de cancelar el partido Semilla y perseguir al TSE? El resultado es la actual crisis política y legal, en donde ni las cortes han podido aclarar el panorama de los múltiples amparos presentados y las numerosas resoluciones emitidas. ¿Será que se busca la anulación de todo el proceso eleccionario, tal como lo está solicitando la UNE? ¿Realmente deseamos eso?

La situación llega al punto de que, antes de escuchar o leer una interpretación de cualquier persona, es necesario identificar su ideología y preferencia política para saber cuál será la tendencia de su comentario. Se está librando una fuerte guerra legal entre dos posiciones extremas. Ambas amparadas en sus respectivas interpretaciones de la misma legislación dentro de un sistema de cortes cooptado que no aclaran la situación. La confusión generada hace que cada uno escuche solo a aquellos profesionales que favorecen su punto de vista y rechace enérgicamente toda opinión contraria.

¡Ya basta! Debemos realmente tomar el tiempo para analizar la situación bajo nuestro propio punto de vista y criterio. No de acuerdo con nuestra ideología o buscando la impunidad, sino enfocándonos en cuál es la mejor solución para Guatemala, cuál es la alternativa que más beneficia a todos y que a la vez sea justa y apegada a la ley. Busquemos el beneficio y el progreso de nuestro país sin dividirnos por criterios ideológicos de más de 50 años de antigüedad. Debemos unirnos en pro del desarrollo de Guatemala y el crecimiento de todos.

¡Que imperen la razón y la justicia sobre las interpretaciones subjetivas! porque a veces lo legal no es siempre lo justo.