La muerte de 55 migrantes, la mayoría guatemaltecos, es una tragedia que enluta a nuestro país y muestra en su máxima expresión la terrible realidad de connacionales que para huir de la pobreza y la violencia se transportan en las condiciones más deplorables. El sueño americano se vuelve una pesadilla cuando los migrantes mueren en situaciones infrahumanas, como ocurrió la semana pasada, cuando se accidentó en Chiapas un tráiler que llevaba hacinadas a 150 personas. No van a ser los tres días de duelo que decretó el presidente Alejandro Giammattei los que resolverán la grave situación que se vive en el área rural, donde falta de todo. Los sucesivos gobiernos, en lugar de reducir las causas que originan las migraciones, las han aumentado, por la ausencia de políticas públicas. ¿Cómo sobrevivir en regiones, principalmente indígenas, donde no hay empleo, salud, educación, vivienda y las vías de comunicación están hechas pedazos?

Es importante perseguir a los coyotes, quienes están detrás del tráfico inhumano de personas hacia Estados Unidos. Se debe castigar con todo el peso de la ley a estos criminales, responsables de la ruina económica de miles de familias, que no solo pierden lo poco que tienen, sino que, encima, pasan un calvario para recuperar los cadáveres de sus seres queridos que han muerto en la travesía hacia el Norte. Pero, además, es fundamental el combate de la corrupción, que es un cáncer que corroe los pocos recursos del Estado destinados a la inversión pública. El presidente Giammattei se llena la boca al decir que este año tendremos un crecimiento de 7.5 por ciento, pero eso no se traduce en mejores condiciones de vida para las comunidades que viven en la miseria. En lugar de bienestar, lo que se ha ensanchado es el abismo entre sectores empobrecidos y pudientes. Esa es la realidad lacerante que seguirá provocando el éxodo de miles de guatemaltecos.

El narcotráfico infiltrado en el Estado

La captura de tres militares como presuntos colaboradores de un cartel mexicano del narcotráfico vuelve a poner sobre la mesa el papel que miembros del Ejército tienen con el crimen organizado. No es la primera vez que se sabe que efectivos castrenses utilizan estructuras del Estado para favorecer los intereses de los narcotraficantes. En esta ocasión fueron detenidos Carlos Enrique Durán Cáceres, mayor de Aviación; Ángel Eliberto Vargas Urízar, capitán segundo de Material de Guerra, y Wálter Vinicio Contreras, teniente de Infantería. Se sabe que trabajaban en favor del cartel Jalisco Nueva Generación, en el comando aéreo de la Fuerza Aérea, una base de Petén y otra de Retalhuleu. A partir de estas capturas se entiende la razón por la que fracasan los operativos antinarcóticos o que cuando llegan las fuerzas de seguridad las avionetas están vacías o quemadas.

El 25 de noviembre pasado, el presidente Giammattei presentó el primer avión no tripulado en Centroamérica para fortalecer la seguridad y defensa nacional. En varias fotos de la actividad oficial, publicadas en Facebook, el mandatario apareció junto a Durán Cáceres, quien el 14 de diciembre fue capturado por sus vínculos con el trasiego de drogas. ¿Cómo se podrá fortalecer la seguridad y la defensa nacional si están en manos del crimen organizado? Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), los detenidos tenían control sobre pistas de aterrizaje clandestinas, así como de manipular la información hacia las fuerzas de seguridad. Queda la duda de si solo estos tres militares estaban involucrados o ellos integran la parte más débil de la estructura y el MP no ha llegado, o no quiere llegar, hasta las verdaderas cabezas de los criminales, una práctica que ya se ha vuelto constante en la administración de Consuelo Porras.