A contraluz

Una ley espuria e inconstitucional

Haroldo Shetemul @hshetemul

En poco tiempo la IX Legislatura del Honorable Congreso de la República ha perdido el carácter de “honorable”. Se consideraba que el arribo de nuevos diputados le podía inyectar un rumbo diferente a este organismo y que se alejara del nefasto expediente que significó el anterior período. Pero desde el principio se comenzaron a observar cómo no solo continuaban las viejas prácticas corruptas, sino que los zorros parlamentarios imponían sus decisiones sobre los nuevos. La primera señal de alarma fue la constitución de una alianza para llevar a la presidencia del Parlamento a Allan Rodríguez, del gobernante Vamos. Ese partido se alió con Valor, Viva, Todos, FCN, Humanistas, Prosperidad Ciudadana y disidentes de la UNE, Bien, Victoria y PAN. El problema no fue la alianza, sino que para su formación medió el pago de miles de quetzales y el ofrecimiento de obras a cambio del voto a favor de la planilla oficialista.

Es imposible cerrar los ojos sobre que en el acuerdo interpartidario está la UCN, creada por Mario Estrada, quien acaba de ser condenado a 15 años de prisión en EE. UU. por narcotráfico. ¿Cómo pudieron ignorar los participantes de ese pacto que ese partido ha sido financiado por el crimen organizado y que Estrada pretendía asesinar a la ex fiscal general Thelma Aldana, así como a los fiscales Óscar Shaad y Juan Francisco Sandoval? Lo más inaudito es que esa alianza colocara en la primera vicepresidencia del “honorable” Congreso a la diputada Sofía Hernández, de la UCN, a quien el diario elPeriódico señala de tener vínculos con el cartel de narcotráfico los Huistas y cuya familia tiene el control político, económico y de otras cosas en Huehuetenango. Estamos hablando de que a diputados de once partidos no les importa avalar la narcopolítica.

Después de tan deplorable acción, la “honorable” IX Legislatura bajó a lo más profundo para colocarse al nivel de su antecesora. Con triquiñuelas, diputados del Pacto de Corruptos introdujeron y aprobaron la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, con el supuesto de buscar la transparencia en el manejo de fondos, tiene como objetivo limitar las libertades de expresión y asociación. Por ejemplo, el artículo 15 señala que si una ONG utiliza donaciones para actividades que alteren el orden público será cancelada en forma inmediata y sus directivos serán imputados penalmente. Esa normativa burocratiza aún más la existencia de las oenegés y las somete a la arbitrariedad. ¿Bajo qué criterio se puede considerar que una actividad altera el orden público? Una manifestación ciudadana podría ser tipificada de esta forma, lo cual nos hace retornar al oscuro período del conflicto armado, cuando se criminalizaba cualquier expresión de descontento u oposición al régimen imperante.

Sin decirlo, esta ley tiene una dedicatoria hacia las organizaciones populares que no son del agrado de la ultraderecha que impulsó esa ley. No hay que ser adivino para saber que entre los objetivos está Codeca-MLP, cuya diputada, Vicenta Jerónimo, acaba de poner en entredicho los privilegios y abusos que se cometen con los fondos del Congreso. También afecta a las oenegés que trabajan en comunidades donde el Estado está ausente. Del otro lado, bien podrían seguir operando las ONG de diputados y políticos que saquean los recursos con obras públicas mal hechas, porque ellas no alteran el orden público. Esa barrabasada debe ser vetada por el presidente Alejandro Giammattei porque fue producto de una maniobra, pues ni siquiera se permitió su conocimiento, análisis y discusión, o sea fue impuesta. De nueva cuenta estamos frente a un grupo de diputados que acomodan sus intereses espurios y para ello no les importa violar derechos fundamentales como la libertad de acción, derecho de asociación y libertad de expresión, entre otros.