La actual es la crisis política más grave que ha afrontado el país desde el retorno de la democracia en 1986. En las últimas tres décadas afrontamos intentos de asonadas castrenses, pero ahora asistimos a otro escenario en el cual una élite criminal ha secuestrado instituciones civiles, desde las cuales trata de burlar la voluntad ciudadana. Nunca antes se había manipulado de forma tan descarada al Ministerio Público y al Organismo Judicial para favorecer a una banda enquistada en el Estado. Consuelo Porras y Rafael Curruchiche utilizaron la fuerza en un allanamiento contra el Tribunal Supremo Electoral porque este no se plegó a sus nefastos intereses. A tal grado llegó el abuso que el director del Registro de Ciudadanos tuvo que abandonar el país por las amenazas que ha recibido, así como por la persecución que ha montado el juez Fredy Orellana en su contra. Ahora la nueva víctima de Curruchiche es la subregistradora Eleonora Castillo. Debemos comprender que no se trata solo de que el Movimiento Semilla pueda participar en la segunda vuelta, sino de evitar que esa mafia imponga su voluntad a todo un pueblo.

Agazapado en las sombras se encuentra el presidente Giammattei. Su silencio lo delata. Si él no estuviera implicado en este golpe electoral ya lo habría rechazado. Giammattei es el titiritero que, en la penumbra, donde cree que no nos damos cuenta, mueve sus piezas para desestabilizar el proceso electoral porque no conviene a sus intereses. Él había acomodado los comicios a su conveniencia, quitando a los candidatos que le eran molestos, pero no contó con que la población le daría su voto a Bernardo Arévalo, un candidato anticorrupción. Giammattei teme que si este candidato triunfa tendrá que dar cuentas ante la justicia por el saqueo que ha hecho. Por eso busca eliminarlo de la forma más burda, sin importar que eso implique llevarse de por medio el ordenamiento institucional. No, no son Porras, Curruchiche y Orellana las piezas fundamentales, ellos son solo peones de quien durante los últimos tres años se ha dedicado a controlar todos los organismos del Estado.

Una prueba clara de la implicación de Giammattei y su rosca es la declaración de su canciller, Mario Búcaro, quien pidió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) la no injerencia en los asuntos internos de Guatemala en esta coyuntura. Sin embargo, Búcaro parece olvidar que el 22 de noviembre del 2020 el propio Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana de la OEA para pedir el apoyo regional y que una comisión internacional llegara a investigar el supuesto golpe que, según él, impulsaban los sectores populares. En ese momento sí demandaba la intervención extranjera porque se sentía amenazado, pero ahora pide que lo dejen en paz para consumar su golpe de Estado técnico. Lo mismo ocurre con el rechazo gubernamental a la nueva Lista Engel, donde aparecen el juez Orellana y la fiscal Cinthia Monterroso, dos de los responsables de esta crisis política. Claro, Giammattei sale en defensa de sus operadores.

El mandatario y sus huestes están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para que Arévalo no gane las elecciones. En su desesperación han manoseado las funciones del Ministerio Público y hecho caer en ilegalidades al Organismo Judicial con tal de mantener el sistema de impunidad que tanto necesitan para resguardar sus intereses. A esta mafia incrustada en el Estado se le han unido en coro los terroristas de la derecha extremista, así como sus financistas del gran capital. Son unos cuantos gatos que quieren imponer su voluntad a una ciudadanía harta de las estructuras criminales. Es hoy o nunca. No podemos permitir que pasen sobre la institucionalidad del país y acaben con el proceso democrático. No está en juego solo la segunda vuelta electoral, está en juego el futuro de Guatemala.