Sin considerar la consistencia de la sentencia contra Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Se debe recordar, los señalamientos hechos en el inicio, en la conferencia de prensa, donde se aportaron movimientos financieros sustentados en copias de cheques, registros y escuchas telefónicas por parte de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida en ese momento, por el fiscal internacional Iván Velásquez. No caben consideraciones ajenas sobre personas, que afecten la objetividad de la acusación. La sentencia, establece probada la responsabilidad penal de los imputados en caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. Los sujetos del proceso penal habrán de continuar en otras instancias, como lo han manifestado. Quede para especialistas legales, discutir el fondo de las actuaciones judiciales, para una evaluación de la administración de justicia nacional. Aparte, es posible relacionar el resultado del proceso, en la vida política y las lecciones cívicas contenidas.

Los sujetos litigiosos, no pueden ser vistos como un caso de justicia ordinaria. Se trata de un evento judicial donde se pone de manifiesto un daño doloso infligido por autoridades electas el 6 de noviembre de 2011, a los más altos cargos de la República. Su condena afecta la legitimidad del régimen democrático representativo. Hubo una equivocación por parte de los votantes favorables al binomio Pérez Molina, Baldetti. Se pone al descubierto, el consenso erróneo alcanzado por las 8 familias más ricas del país, al acordar favorecer al General y a la Licenciada en periodismo. Tal coordinación de los ricos empresarios se explicaba por una disminución de su influencia en la dirección económica, por parte de autoridades independientes de sucesivos gobiernos, en especial, del gobierno de la UNE de Álvaro Colom. También fue importante el apoyo de militares en puestos de gobierno, a quienes se les imputaba el deseo de no abandonar sus cargos e influencia. Finalmente, es conocido el bloqueo de la calzada Roosevelt para volcar al electorado citadino, molesto con la medida de presión de supuestos sindicatos de izquierda.

La condena el pasado 9 de octubre, de la exvicepresidenta por el fraude de más de Q22 millones, apropiados bajo un falso saneamiento del Lago de Amatitlán; y, además, ser requerida por las autoridades del Distrito de Columbia de EUA por asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas, abona en la aceptación de liderazgos deleznables por ciudadanos influenciables y carentes de sentido crítico.

Durante el gobierno de los condenados, los comunicadores sociales en la prensa, radio, televisión y otros medios, pusieron al descubierto las actuaciones deshonestas. No fue en vano, a pesar de ocurrir actos de violencia solapada impunes a la fecha, así como acciones criminales clandestinas. Afortunadamente, al final una revolución de colores, echó a los delincuentes de sus cargos. Estuvo al descubierto, la falta de coraje y sentido del deber, de cientos de funcionarios públicos que permitieron los delitos bajo su conocimiento, sin denunciarlos a los órganos competentes. Durante el enfrentamiento armado se aprendió a callar. Pero, establecida la paz, la única fortaleza de la democracia es la expresión libre de la palabra.

Repetir las declaraciones de los condenados atacando a los jueces, es inmoral. Han sido hallados culpables en un debido proceso. No cabe el descrédito de los juzgadores, ni llevar la inquina contra fiscales presentes y pasados. La ciudadanía debe saber elegir y no equivocarse.