La semana pasada se llevó a cabo el conversatorio con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Rafael Rodríguez. Un foro que forma parte de las acciones que Fundesa ha venido realizando como seguimiento al Enade 2019. En el evento tuvimos la oportunidad de escuchar, sobre la gravedad que existe con la incorrecta clasificación de funcionarios públicos, algo que ha sido por décadas un problema sin que se vea una clara solución, hasta este momento.

Ahora que el covid-19 ha mostrado la debilidad del Estado guatemalteco y de sus instituciones de salud, es cuando más atención debemos ponerle a este tema. La falta de capacidad para hacer compras en el extranjero de pruebas y equipo de protección personal, la alta letalidad debido a la poca confianza en los servicios hospitalarios, aunada a una baja inversión en personal y equipo para atender de mejor manera a los pacientes y una nula capacidad tecnológica para la trazabilidad, es tan solo algunos de los puntos críticos que esta pandemia ha mostrado que deben mejorar, dentro del sistema de salud.

Un servidor público, según la propia Ley de Servicio Civil, se define como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente, a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la administración pública.

La incorrecta clasificación de funcionarios públicos ha mantenido a varios Ministerios y secretarías con una capacidad limitada, debido precisamente a que se ha contratado a personas para prestar servicios profesionales o técnicos, sin relación de dependencia, para realizar funciones que corresponden a un servidor público.

Esto según el propio director de Onsec “ha llevado a pago de sentencias judiciales por pago de prestaciones de las personas incorrectamente clasificadas y a fomentar un sistema clientelar, pues no existen procesos de oposición que privilegien el mérito, generando ordenes de reinstalación de personas a puestos que no existen”.

Con más de 500 personas fallecidas por covid-19 y una tasa de letalidad del 4%, una de las más altas de América Latina (después de México, Ecuador y Brasil), tenemos que ser capaces de reconocer que la inversión en un sistema de servicio civil más eficiente, puede a mediano plazo comenzar a ser un factor positivo, no solo para el sistema de salud, sino para todos los servicios que prestan las instituciones públicas a la población.

Se requieren acciones concretas como las que presentó el director de Onsec para “determinar individualmente quién está incorrectamente clasificado y quién no, abrir procesos de oposición para el incorrectamente clasificado cuando sea necesario el servicio e iniciar procesos de investigación penal o administrativos, según la gravedad y de situación de opacidad en todo el proceso”.

Este tipo de esfuerzos en otros países han tomado más de dos o hasta tres administraciones públicas, por ello es tan importante el compromiso de diferentes sectores de la sociedad de poner la meritocracia al frente en todas las decisiones que se tomen a la hora de contratar personal en las instituciones públicas. Recordemos que, en el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esa puede ser toda la diferencia entre la vida o la muerte del paciente, tener a un médico con experiencia y especialidad o una persona contratada por favores políticos y sin ninguna cualificación.