No debemos olvidar que el Estado tiene la obligación de proporcionar al menos, los dos elementos básicos: seguridad y justicia. Hasta ahora no lo está haciendo. La clase política guatemalteca sigue jugando con fuego, y poniendo en riesgo la soberanía de nuestra patria, porque el pueblo está harto de la inseguridad y la poca certeza jurídica que tenemos.

Es evidente la falta de una política de protección ciudadana, que parta de una visión a largo plazo. Hasta ahora no se perciben planes estratégicos de seguridad. Es clara la infiltración del crimen organizado en las diferentes esferas del sistema de justicia, así como la falta de voluntad política de las autoridades.

En Guatemala podemos decir que los derechos humanos a la seguridad y justicia son prácticamente inexistentes. El presidente Giammattei no debe olvidar que se vendió en todas sus campañas, como un hombre fuerte, que sería capaz de echar andar un plan para combatir la delincuencia. Okey, no lo pudo hacer los primeros dos años por la pandemia, y ahora ¿qué está esperando?

En este sentido, los números para Guatemala son aterradores. Ocupa uno de los últimos lugares en Latinoamérica y el puesto 127 de 189 naciones analizadas, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala es una de las naciones más violentas del mundo, según organismos internacionales, y durante el 2021 contabilizó en total 4.078 asesinatos. De cada 10 casos denunciados en los tribunales, 9 quedan impunes.

Aquí, el honesto va a la cárcel por atropellar a alguien, el delincuente sale libre de inmediato aun siendo reincidente 10 veces, al trabajador honesto lo matan en la camioneta, el corrupto anda en carro de lujo y con guardaespaldas.

Es evidente la poca presencia de los agentes de la PNC en operativos de seguridad, la población quisiera ver más elementos en las calles. No solo en las radiopatrullas, sino circulando a pie. Proyectando credibilidad, fiabilidad y confianza a la ciudadanía.

La poca coordinación en los operativos que realizan, al montar un puesto de registro de vehículos, a veces con una sola radiopatrulla, genera desconfianza y miedo. Con todos los avances tecnológicos que existen ya deberían tener un código QR, para que el ciudadano pueda verificar que es un puesto legítimo y no la actividad de dos policías que quieren sacar una mordida.

Es muy importante capacitar adecuadamente a los agentes, pagarles un buen sueldo, crear en ellos una mística profesional y un orgullo por servir a su país. Ellos están desmotivados con las condiciones actuales que tienen, por eso proyectan una mala imagen. La población no se identifica con ellos, más bien desconfía.

Es importante mencionar que ha habido un repunte de la delincuencia común este año, y que muchos de los pandilleros salvadoreños se han venido a “operar” en Guatemala. Sería muy útil que el presidente Giammattei se reuniera con su homólogo salvadoreño, para poder trabajar en equipo este problema. No cabe duda de que el modelo de Bukele ha fascinado a la ciudadanía salvadoreña, al punto que están pidiendo que el estado de excepción continúe. No hay que olvidar que las pandillas en Centroamérica son una amenaza para la seguridad regional y por la misma razón deben ser combatidas en bloque.

El Triángulo Norte, es una de las subregiones más peligrosas del mundo debido a la delincuencia organizada. En esta coyuntura y ahora que se avecina una gran crisis económica a nivel mundial, estos tres países deben combatir esta amenaza con las mismas políticas de seguridad. El Salvador ha liderado de una manera impresionante un modelo que está funcionando y debe ser replicado por las otras dos naciones.