Conciencia

Urgente discutir las reformas de la Ley del Congreso

Un nuevo salario para los diputados no debiera fijarse solo comparándose a los funcionarios de los otros organismos del Estado que gocen de similares inmunidades.

La iniciativa de Ley 6445 que se discute en el Parlamento de forma apresurada, pretende reformar la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo (LOOL). Estos cambios afectarían negativamente la democracia, la república y la transparencia del poder legislativo. Presento algunos ejemplos.

De las principales preocupaciones de la iniciativa de Ley 6445 es el retorno del transfuguismo.

Una de las principales preocupaciones es el retorno del transfuguismo. Actualmente, los diputados que abandonan su partido político pierden sus puestos en la Junta Directiva, comisiones y la instancia de jefes de bloque. Ahora bien, la iniciativa prescribe que los diputados que dejan su partido mantendrán tales puestos directivos, lo que naturalmente incidirá en la pérdida en la adhesión partidaria y una mayor atomización del Congreso.

El Parlamento se fragmentará aún más, cuando ocho diputados independientes puedan formar un bloque legislativo independiente —pudiendo anualmente cambiarse a otro bloque—. Más bloques legislativos significan una dispersión del poder y un posible debilitamiento de la unidad de acción en el Congreso, esto podría dificultar la toma de decisiones y la cohesión interna del poder legislativo. Adicionalmente habrá más gasto, ya que la reforma señala que los jefes y subjefes de bloques independientes tendrán las mismas prerrogativas que los bloques partidarios —más asesores y dietas—.

Se corre el riesgo de “politizar” aún más el proceso de fiscalización al permitir que ahora cinco o más diputados puedan citar a funcionarios públicos al Congreso. Indudablemente produciría un exceso de citaciones y puede convertirse en un mecanismo para desgastar al Ejecutivo. Además, reducir de 30 a ocho días la entrega de la información puede causar retos, especialmente cuando demandan grandes volúmenes de documentos e informes.

La creación del Banco de Propuestas Ciudadanas se podría, “teóricamente”, vender como una medida democratizadora para fomentar la participación de la ciudadanía; sin embargo, su implementación colisionaría con el artículo 174 de la Constitución, que reserva la presentación de iniciativas de ley a los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.

En cuanto a la intención del aumento salarial de los diputados, éste siempre será difícil, pues los guatemaltecos tienen como institución al Congreso, con la peor valoración y confianza del país (Encuesta Libre 2023). Un diputado gana alrededor de Q29,150 mensuales, más otros gastos. Según el informe de la Alianza para un Congreso Eficiente, en 2023 cada diputado en Guatemala costó aproximadamente Q5.8 millones al año. Esta cifra incluye salarios, dietas, gastos en asesores y otros costos operativos asociados al Congreso. ¿Se justifican más recursos para cada diputado frente a las prioridades nacionales?

El nuevo salario de los diputados no puede fijarse en comparación con otros funcionarios de los otros organismos del Estado que gocen de similares inmunidades, sino se debe de tomar en cuenta los días y horarios efectivos de trabajo, responsabilidades, rendición de cuentas y otros. Varios diputados no devengan su salario, pues no asisten a la mayoría de las plenarias y muchos faltan a las comisiones de trabajo asignadas. Es necesario analizar la distribución de trabajo entre las 38 comisiones del Congreso. Algunas están sobrecargadas, mientras que otras apenas sesionan. Dado que las comisiones son el corazón del Congreso, es determinante equilibrar el trabajo para mejorar la eficiencia legislativa.

Si el Congreso decide reformar su ley interna, debe hacerlo de manera integral, evitando modificar artículos de forma aislada y por motivos coyunturales. A la par debe ir la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos como complemento.

ESCRITO POR:

María del Carmen Aceña

Ingeniera en Sistemas, con maestría en Administración de Empresas de INCAE. Vicepresidente del Centro de Investigaciones Económicas (Cien). Exministra de Educación. Amante de la vida y de Guatemala