Uno de los temas más importantes para cualquier emprendimiento es poder tener una mejor certeza sobre cómo la justicia va a resolver a la hora de una disputa comercial. A nivel global, el Banco Mundial ha desarrollado a través de la metodología del Informe Haciendo Negocios (Doing Business por su nombre en inglés) un esfuerzo importante para comparar qué tan fácil o difícil es hacer negocios en un país. Uno de los indicadores en los que Guatemala recurrentemente sale en los últimos lugares es el que se relaciona al Organismo Judicial, específicamente en el apartado sobre cumplimiento de contratos.

El Banco Mundial a través del Informe Haciendo Negocios, define el indicador sobre cumplimiento de contratos como el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un juzgado de primera instancia local, así como la adopción por parte de los países de una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia en el sistema de justicia.

A nivel global, los países mejor evaluados para generar mayor certeza jurídica a los contratos son Singapur, Corea, Noruega, Kazajistán y China. En el caso de América Latina, este es uno de los temas donde más se requiere atención para avanzar. Los diez países mejor evaluados son México (en la posición 43 de 190 países evaluados), Chile (54) Brasil (58), Paraguay (72), Perú (83), Nicaragua (87), Ecuador (96), Argentina (97), Uruguay (104) y Bolivia (109).

En el caso de Guatemala, no ha existido una visión clara por parte de las autoridades del Organismo Judicial, para generar las reformas necesarias que nos permitan avanzar. Esta falta de certeza jurídica hacia la resolución de contratos ha hecho que nuestro país esté en la posición 176 de 190 países analizados, poniendo una gran presión hacia cualquier persona o empresa que quiera operar un negocio en nuestro país.

Una de las acciones que el Gobierno claramente acompañar al Organismo Judicial es en crear juzgados especializados en temas mercantiles, que permita reducir el tiempo que hoy les toma de 1,402 días para resolver una disputa comercial a través de tribunales de primera instancia local. Esto podría ser una gran medida, no solo para generar mayor certeza jurídica en nuestro país, sino mostrar que, para luchar contra la corrupción, uno de los primeros requisitos es generar mayor eficiencia en el sistema de justicia.

Acá hay mucho que se puede aprender de las reformas institucionales dentro del sistema judicial, que se implementaron en México en el 2014, donde se facilitó la ejecución de contratos mediante la creación de tribunales de reclamos menores especializados, con procedimientos orales, que pueden escuchar casos tanto civiles como mercantiles. Para poner una comparación interesante, en México un juicio y condena en la resolución de una disputa comercial puede tomar menos de 125 días, mientras que en el caso de Guatemala 796 días. A la hora de hacer cumplir una resolución, en México toma 183 días, mientras que en Guatemala el mismo tipo de caso puede tomar hasta 540 días para una resolución final.

Esto demuestra cómo una agenda clara para reducir los cuellos de botella y la burocracia dentro de nuestro sistema de justicia es urgente, para lograr procedimientos más eficientes que permitan a Guatemala introducir mejores prácticas y mejoras tecnológicas, con procesos que reduzcan el tiempo que deben tomar los juzgados para resolver y generar indicadores que eliminen la discrecionalidad administrativa en los funcionarios públicos.