Las escenas de violencia que escenificaron los supuestos veteranos militares en el Congreso no tienen nada de patriótico. Al contrario, lo que demuestran es una actitud de vandalismo que debe ser rechazada, al igual que sus pretensiones de obtener Q120 mil cada uno. Bastó ver cómo ingresaron violentamente en el estacionamiento del Legislativo y haber quemado vehículos para entender que estamos ante hordas que se salieron de control de sus dirigentes. Además, en los últimos días han circulado inquietantes informaciones acerca de que quieren bloquear fronteras, tomar aeropuertos, hasta sedes policiales para comprender que las autoridades están en la obligación de detener estos hechos delincuenciales. En el ataque al Legislativo se observó cómo el Ministerio de Gobernación dejó desprotegido el inmueble, lo cual genera dudas si se toma en cuenta que cuando hay movilizaciones populares han reforzado el cordón de seguridad.

Detrás del envalentonamiento de los veteranos militares está la demagogia de los políticos. “Un hombre que se compromete y no cumple, no merece llamarse hombre”, dice Alejandro Giammattei, en un video de la pasada campaña proselitista. Prometía que si ganaba la Presidencia iba a acompañar a los veteranos militares al Congreso, como comandante general del Ejército, para presionar a los diputados hasta que aprobaran esa normativa. Hoy el presidente Giammattei no da la cara. En una fotografía se ve a la excandidata presidencial del partido Valor, Zury Ríos, acompañada de su excandidato a la vicepresidencia Roberto Molina Barreto, hoy presidente de la Corte de Constitucionalidad, y de Lucrecia de Palomo, hoy diputada del mismo partido, en el que daban su respaldo a los veteranos militares. Lo mismo ocurre con los legisladores Felipe Alejos y Ana Victoria Hernández, del partido Todos, que ofrecieron la aprobación de esa iniciativa de ley en el 2019. Ahora ninguno asume la responsabilidad de sus ofrecimientos.

Por eso se ha desatado la furia de los veteranos militares que fueron engañados por esta partida de políticos que solo los utilizaron para conseguir votos y luego se olvidaron de sus promesas de campaña. ¿Dónde está el presidente Giammattei, Zury Ríos, Molina Barreto y los diputados para respondan por esos ofrecimientos que si se llegaran a cumplir significaría una sangría del presupuesto nacional? Es fácil ofrecer en rimbombantes discursos algo que no pueden cumplir y luego despreocuparse por la bomba social que han desatado. ¿De dónde se pueden tomar Q11 mil 400 millones para cubrir el bono que exigen unos 95 mil veteranos militares? Además de que entre los supuestos veteranos hay gente joven que no pudo haber estado en un conflicto armado que concluyó hace 25 años.

Le corresponde al presidente Giammattei y a la alianza política que domina el Congreso desactivar esta bomba de tiempo. Es imposible que se pueda cumplir con esa promesa de campaña porque no hay ningún presupuesto estatal que cubra la demanda económica. A cuenta de qué exigen un bono, el cual, en todo caso, tendría que salir del presupuesto del Ministerio de Defensa porque a esa institución sirvieron. Ahora es tiempo de deducir responsabilidades criminales. El Ministerio Público debe enderezar una investigación para dar con los responsables de los actos violentos ocurridos en el Congreso, así como los ataques contra periodistas que cubrían los disturbios. A eso hay que agregar una investigación de la denuncia de Francisco Calmo, dirigente de los veteranos, de que en el 2008 el coronel José Luis Quilo Ayuso, de Avemilgua, se quedó con Q10 millones que servirían para resarcir a efectivos militares. Sí, Quilo Ayuso es el mismo militar a quien el Banco Industrial rindió un homenaje en el 2016 por su “ejemplar trayectoria militar”. Ahora ese exjefe castrense debe dar cuentas a la justicia por ese acto de corrupción.