Recuerdo que apenas en el 2014 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) estaba inmerso en una crisis sin precedentes hasta ese entonces: el desabastecimiento masivo de medicamentos y la falta de pago al personal de salud. No es que antes de eso el MSPAS funcionara de maravilla, ¡para nada! De hecho, la institución ha vivido en el abandono prácticamente desde que se dejó el modelo de Estado desarrollista a finales de los setenta para abrazar con fervor la apertura y liberalización de la economía y la reducción del papel del Estado en la conducción de las acciones de desarrollo. Basta con recordar que la última infraestructura pública en salud proviene de ese período “desarrollista”.
Poco se construyó después para ampliar la capacidad de atención a la población, a pesar del crecimiento poblacional.

Es así como vimos surgir e instalarse el paradigma neoliberal que también modificó el papel del Ministerio de Salud Pública como actor protagónico de la salud. La consagración de ese modelo se dio en 1997, con la promulgación de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo y el Código de Salud, ambos aún vigentes. Se instaló el modelo “suave” de privatización en el sector —no venta de bienes, pero sí terciarización de funciones y servicios para que fueran ejecutados por organismos privados no lucrativos, financiados por el MSPAS, y un predominio creciente del gasto de bolsillo en salud como fuente de financiamiento por servicios—.

Con ese proceso vino también el debilitamiento institucional del Ministerio en sus “competencias esenciales de salud pública”, definidas así por la Organización Mundial de la Salud: Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población; Vigilancia epidemiológica, investigación y control de riesgos y daños a la salud; promoción de la salud, participación social y empoderamiento ciudadano; desarrollo de políticas, planes que contribuyan a la rectoría sanitaria nacional; regulación y fiscalización en salud pública; evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios; desarrollo de recursos humanos; garantía de calidad de los servicios; Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras; Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.

Todas ellas se relegaron y debilitaron. El interés se centró en tres cosas: 1. Transferir la prestación de servicios de salud a privados: organizaciones no gubernamentales para los pobres, y la atención curativa al mercado; 2. Cobrar por los servicios y afianzar el esquema de financiamiento privado de la salud, por sobre el financiamiento público; y 3. El rol del MSPAS como agente comprador de bienes y servicios y cómo asegurar que los procesos institucionales que entraña funcionaran de manera tal que beneficiaran en particular a algunas empresas. Cabe destacar que este último interés se fue desarrollando y afianzando a lo largo de los últimos 20 años y por los distintos gobiernos, llegando a un clímax con la crisis del 2014 y manteniendo continuidad hasta la fecha.

Ahora es 2020 y estamos ante una nueva crisis, y nuevamente la prioridad no es la epidemia, sino la batalla por el control del Estado. Por eso, los ciudadanos no tenemos consuelo con una entidad con las capacidades institucionales estructuralmente debilitadas y un gobierno y autoridades con la vista puesta en otra agenda. Lo vemos en el precario manejo epidemiológico y del sistema de información; en los problemas con las compras institucionales, que casualmente siempre benefician a los mismos; y en cómo se desvaloriza al personal de salud al no pagarle ni dar prioridad a su protección personal.